Tras sufrir el desmembramiento del Presupuesto, el Gobierno pudo sancionar tal como quería el proyecto llamado de “inocencia fiscal” que busca incentivar la formalización de ahorros en dólares.
La media sanción -que se girará al Senado- se aprobó con 130 votos afirmativos, 107 en contra y dos abstenciones. El oficialismo logró su objetivo junto a sus aliados de Pro, la UCR, el MID y los gobernadores peronistas no kirchneristas: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
La propuesta introduce un cambio de paradigma en el régimen penal tributario y en la declaración del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa parte de una premisa central: el contribuyente es considerado inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario, invirtiendo la lógica histórica de presunción de evasión. El objetivo declarado es permitir que quienes ahorraron dólares sin declararlos puedan utilizar esos fondos sin enfrentar persecución penal.
En esa línea, la propuesta eleva de manera significativa los umbrales a partir de los cuales se configura un delito de evasión. El piso para investigar evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se incrementa de $15 millones a $1000 millones. Además, acorta los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias: de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado en término la declaración jurada y cancelado deudas e intereses. Este beneficio, que rige por única vez por persona, limita el período que el Estado puede revisar hacia atrás.
El legislador de Unión por la Patria Juan Grabois acusó a los libertarios de avanzar con un proyecto en favor del narcotráfico. “Es un proyecto para [Lorena] Villaverde”, vociferó en pleno recinto en alusión a la legisladora rionegrina que no pudo jurar como senadora por tener un pasado opaco con la justicia norteamericana.
El proyecto también crea un régimen simplificado y voluntario de declaración jurada de Ganancias para personas humanas, destinado a contribuyentes con ingresos de hasta $1000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. A diferencia del esquema vigente -que exige justificar la evolución patrimonial y el nivel de consumo año a año-, el nuevo sistema elimina el control detallado del gasto mensual. Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, el consumo deja de ser un factor de fiscalización, lo que apunta a incentivar la exteriorización y el uso de dinero no declarado.
Por último, el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria con el que el Gobierno busca blindar el equilibrio macroeconómico mediante sanciones penales, no llegó a tratarse. Tras más de 14 horas de debate, la sesión se levantó antes de que comenzara su discusión.
La iniciativa prohíbe la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y establece penas de hasta seis años de prisión para quienes modifiquen o incrementen el gasto sin acreditar los recursos que lo financian. También, endurece las penas contra la emisión monetaria irregular: prevé hasta diez años de cárcel para quienes violen la Carta Orgánica del Banco Central, impulsen emisiones ilegales o pongan en circulación moneda de origen espurio con conocimiento de su irregularidad.