El debate oral y público se desarrolló desde marzo y abordó el conflicto entre bandas en los barrios Empalme Graneros y Ludueña. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
El juicio a Francisco «Fran» Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita e instigar dos homicidios, culminó esta semana. La Fiscalía reiteró el pedido de condena a prisión perpetua. Los delitos que le atribuyeron fueron cometidos desde la cárcel, lo que habilitó a su defensa a plantear en el alegato de cierre consideraciones sobre «el fracaso del sistema carcelario». El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
El debate oral y público, iniciado en marzo, abordó principalmente el conflicto que la banda de Fran Riquelme, con base en el barrio Empalme Graneros, mantuvo con una organización rival del barrio Ludueña entre 2021 y 2023. La acusación de Fiscalía señaló que Riquelme pretendía controlar las calles del noroeste rosarino. Su defensa negó las pruebas expuestas y pidió la absolución.
En su alegato de cierre, la defensa indicó que al quedar Riquelme como jefe desde prisión de una banda criminal, se afirmaría que cometió delitos «con la aquiescencia del Estado». El juicio volvió a exponer un interrogante sobre uno de los períodos más violentos que atravesó Rosario en los últimos años. No se conocen investigaciones que indaguen en posibles responsabilidades institucionales en las irregularidades que quedaron a la vista cuando las cárceles se convirtieron en centro de operaciones de bandas.
La Fiscalía expuso la estructura criminal de Riquelme con su liderazgo desde una cárcel provincial. Esto ocurrió también con otros reclusos alojados en penales federales. Algunos, como Esteban Alvarado o Guille Cantero, mantuvieron en prisión el poder que habían ganado en la calle. Otros entraron a la cárcel por delitos menores y en las cárceles se convirtieron en jefes de grupos que emergieron en distintas zonas de Rosario.
Sobre ese fenómeno, ocurrido entre 2020 y 2023, surgen interrogantes acerca de cómo se posibilitó. Lo hicieron mediante teléfonos celulares. Algunos investigadores ven un punto de inflexión en los permisos concedidos durante la pandemia ante la suspensión de las visitas, pero también reconocen la existencia de «kioscos» que se mantuvieron los años siguientes. Un eufemismo para referir a la connivencia institucional. «El Servicio Penitenciario era un kiosco enorme, estaba todo tarifado», analizó una fuente.
El gobierno de la provincia desde el inicio de su gestión ubicó la crisis penitenciaria como una de las principales problemáticas de seguridad pública e impulsó medidas restrictivas que repercutieron en el control y contención de la violencia urbana. Como extremo aparece la construcción de la cárcel «El Infierno», que las autoridades anuncian como un proyecto que cambiará el paradigma carcelario. En ese marco el gobierno reconoce el vínculo del delito entre la calle y los penales. Los últimos días llegó a La Capital un mensaje desde una cárcel provincial: «Los detenidos les pagan a los directivos y a los guardias entre 300 mil y 1 millón de pesos para pasar celulares y droga».
En su alegato de cierre la defensa de Fran Riquelme, representada por Antonela Travesaro, planteó: «No se intentó explicar ni se probó cómo Riquelme habría liderado una organización criminal estando bajo custodia estatal». «Sostener estas atribuciones en cabeza de Riquelme implica afirmar el fracaso del sistema carcelario. Implica afirmar delitos cometidos con la aquiescencia del Estado, en el interior del Servicio Penitenciario, delitos que no han sido investigados», agregó.
En ese sentido redobló: «Acá tendrían que estar sentados, al lado de Riquelme, el director de Piñero desde 2021 a 2023 y el responsable político del Servicio Penitenciario a nivel provincial». «Nos está faltando la pata del poder ejecutivo en esta banda criminal para poder condenar a Riquelme», insistió. La acusación aseguró haber presentado en juicio las evidencias sobre el rol jerárquico de Riquelme en la asociación ilícita.
El juicio iniciado en marzo tuvo a quince acusados como parte de la asociación ilícita y abordó seis homicidios por los que hay doce pedidos de condena a prisión perpetua. La mayoría de esos crímenes ocurrieron en el marco de un enfrentamiento con una banda del barrio Ludueña también dirigida desde la cárcel de Piñero. A Riquelme le atribuyen la instigación de dos de esos homicidios. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.