La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvería la próxima semana si plantea el juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmaín, procesado por un supuesto hecho de corrupción y acusado de omitir datos en su currículum.
El magistrado federal de Rosario está procesado por un presunto hecho de corrupción y acusado de omitir datos comprometedores en su currículum. Esta semana compareció por más de dos horas ante la comisión de Acusación, munido de dos valijas con documentos.
Salmain se presentó ante la comisión para ejercer su descargo. Declaró que el expediente está “plagado de irregularidades” y carente de pruebas, desautorizó los dichos del “arrepentido” que lo comprometen y cuestionó al fiscal interviniente. La audiencia se realizó en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación. El acto fue presidido por el titular de la Comisión de Acusación, y participaron los consejeros Luis Juez, Alberto Lugones, Gonzalo Roca y César Grau.
Acusaciones
Sobre el magistrado pesan dos acusaciones. Una de las principales apunta a que habría omitido información en su currículum al concursar para acceder al cargo de juez durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las denuncias, Salmain no informó que había sido cesanteado por la Corte Suprema en 2002, cuando se desempeñaba en el ámbito de la seguridad social, tras un sumario originado por la denuncia de una empleada que lo acusó de ofrecer una coima para manipular un sorteo.
Cuando el consejero y senador Juez le preguntó por qué no informó lo ocurrido, Salmain respondió que nadie le consultó sobre esa sanción. “No había razón para ocultarlo”, agregó durante el encuentro.
La situación judicial de Salmain se agravó por una causa penal radicada en Rosario, en la que se encuentra procesado con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque no está detenido debido a los fueros de su cargo. En este caso es como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El juez sostuvo que “no hay ni una sola prueba que acredite lo que se me endilga”.
Salmain estuvo acompañado por sus abogados José Manuel Ubeira, que tiene entre sus clientes a Cristina Fernández de Kirchner; y Yamil Castro Bianchi, defensor del expresidente Alberto Fernández y de Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara involucrado en la causa SIRA.
La causa penal
La investigación se desprende de la causa que involucra al ex juez Marcelo Bailaque. En ese expediente, el financista Fernando Whpei declaró como arrepentido ante el Ministerio Público Fiscal y afirmó que Salmain habría autorizado en diciembre de 2023 la compra de 10 millones de dólares al valor oficial, en plena vigencia del cepo cambiario, a cambio de una presunta coima del 10 por ciento, equivalente a unos 200 mil dólares.
De acuerdo a esa declaración, la maniobra se frustró tras el cambio de gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milei, debido a la modificación del esquema cambiario. Whpei sostuvo que la ganancia esperada se redujo considerablemente y que Salmain rechazó cobrar una suma menor a la pactada originalmente. Según el testimonio, ante la negativa de pago, el juez habría amenazado con denunciar penalmente al financista.
En su declaración, Salmain rebatió las afirmaciones de Whpei. Negó haberse reunido con él en su despacho, tal como consta en la acusación del Ministerio Público Fiscal. Recordó que en febrero denunció al financista en los tribunales de Comodoro Py, en una causa en la que se le permitió actuar como querellante.
Irregularidades
Los fiscales federales de Rosario indicaron que varios elementos de la confesión fueron corroborados mediante movimientos de expedientes y geolocalización de teléfonos celulares. En paralelo, el magistrado también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntamente haber utilizado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para obtener información sobre las medidas judiciales que se realizaban en su contra.
“La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, declaró ante la Comisión, que ahora quedó en condiciones de resolver si impulsa formalmente el juicio político contra Salmain para elevar el caso al plenario. El juez investigado cuestionó al fiscal general Federico Reynares Solari.
En su próxima reunión, que sería la próxima semana, la comisión debe definir si toma nuevas medidas de prueba o lo envía a juicio político. Una vez que la comisión vote, el tema pasa al plenario, que debe ratificar el envío a jury, con los votos de los dos tercios de los presentes.