El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a doce acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la adquisición y circulación irregular de armas de fuego. Entre los imputados hay un oficial de la Policía de la Ciudad y la causa incluyó allanamientos en Santa Fe.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a doce personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a adquirir, transferir y hacer circular armas de fuego de manera irregular, mediante la utilización de usuarios interpuestos, gestores administrativos, armerías y operadores registrales. Entre los imputados figura un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acusado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se inició en julio de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, luego de una pesquisa preliminar impulsada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que había detectado maniobras irregulares en la adquisición y registración de armas de fuego.
El juez procesó a uno de los imputados como presunto jefe de la asociación ilícita y al resto como miembros de la organización. Todos fueron considerados coautores del delito previsto en el artículo 189 bis inciso 4 del Código Penal, referido a la provisión y circulación ilegal de armas de fuego. González Charvay también dispuso embargos sobre los bienes de los acusados por sumas que van de los 100 a los 150 millones de pesos, según el grado de intervención atribuido a cada uno.
De acuerdo con la resolución judicial, la pesquisa permitió reconstruir un circuito funcional y permanente de provisión irregular de armamento. Se verificó la existencia de al menos 742 armas registradas a nombre de personas vinculadas a la organización cuyo destino no pudo ser determinado, ya que no fueron halladas ni en poder de sus titulares registrales ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.
Los allanamientos se realizaron en trece jurisdicciones del país, con 12 procedimientos en la provincia de Santa Fe. En total intervinieron 193 brigadas y 772 efectivos, y se secuestraron unas 120 armas de fuego, entre ellas 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles, 5 carabinas y 3 pistolones. También se incautaron una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres y documentación de interés para la causa.