Todo comenzó en Santa Cruz. A más de 30 años de la llegada al poder provincial de los Kirchner, el nuevo gobernador ordenó una auditoría para conocer cómo se manejó el Estado en los últimos ocho años en aquel bastión del poder. Entiende que su prioridad es ordenar el sistema financiero y administrativo de una provincia que recibió quebrada.
La revisión de las cuentas públicas provinciales ya luce reveladora y aporta material para formular las correspondientes denuncias en la Justicia. El informe preliminar detalla que “se ha detectado que existen anomalías, irregularidades e inconsistencias, en la ejecución y control de las contrataciones; inconsistencias entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo; como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas y abonadas, con las efectivamente prestadas”.
Quien alguna vez compartió espacio con Alicia Kirchner y hoy es su sucesor, el peronista Claudio Vidal (SER), fue secretario general del gremio más importante de la provincia: el de los petroleros. Dicho sector fue clave en su triunfo del pasado 13 de agosto, a partir del cual Vidal prometió “comenzar a transitar un camino distinto”.
La revisión de las cuentas públicas provinciales ya luce reveladora y aporta material para formular las correspondientes denuncias en la Justicia
Los resultados anticipados de la auditoria solicitada refieren a un “desmanejo financiero”. Un avión que no podía repararse por falta de dinero, obras apenas iniciadas y sin avances costeadas con fondos nacionales, cooperativas bajo sospecha, quioscos con facturaciones cuantiosas, deudas millonarias en dólares, compras directas de insumos, entre muchas otras irregularidades. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, por caso, llevaba más de ocho años sin presentar memoria y balance. Las millonarias obras, que se pagaron con fondos convenidos con el gobierno nacional de Alberto Fernández, incurrieron en demoras e incumplimientos de plazos de licitación por lo que, además, debieron abonarse sobrecostos. Cabe resaltar que, según fuentes de la gobernación, solo expusieron un 15% de realización.
Si bien la ley de administración pública fija que los entes provinciales descentralizados deben contar con organismos de control interno, fieles a sus tradicionales comportamientos luego extrapolados a la Nación, no había nadie asignado a tales funciones. “Durante más de 30 años la maquinaria pública estuvo fuera de los controles básicos, con los poderes del Estado cooptados por un grupo político”, describió sin rodeos el gobernador.
El dispendio y la corrupción se habrían extendido hasta el último minuto del gobierno de Alicia Kirchner
“El gobierno anterior le mintió al pueblo de Santa Cruz. Las cuentas no estaban equilibradas y hubo corrupción. Esa fiesta se acabó”, afirmó Vidal luego de detallar que el presupuesto provincial registró un déficit de 30 mil millones de pesos y una deuda de más de 72 mil millones en 2023. Entre las que describió en su discurso inaugural como “medidas de poco agrado para los que están acostumbrados a vivir de la política”, estuvieron la eliminación total de los viáticos a funcionarios y cargos de la administración, la reducción a la mitad de la pauta publicitaria, la baja de unidades retributivas de funcionarios y cargos políticos, el remate del 80% del parque automotor de entes gubernamentales y la supresión de unas 1480 líneas telefónicas de funcionarios. Incluso planteó la venta de la residencia oficial en El Calafate. Su prioridad son los proyectos educativos y productivos en la provincia. “Seguimos sin poder tener más de 80 días de clases, seguimos dependiendo del empleo público y de la plata que nos manda la Nación, seguimos teniendo miles de santacruceños bajo la línea de pobreza”, se lamentaba luego de 32 años de kirchnerismo.
El dispendio y la corrupción se habrían extendido hasta el último minuto del gobierno saliente: la Fiscalía de Estado denunció a la exministra y secretaria general de Alicia Kirchner, Claudia Alejandra Martínez, por hechos irregulares en la contratación de servicios y catering para el acto de asunción del nuevo gobierno. Recordemos que Vidal decidió no pagar la última liquidación a Alicia Kirchner y a su gabinete hasta el 10 de diciembre argumentando que “si no hay plata para el pueblo, tampoco para los que se enriquecieron”. Con la habilidad para reciclarse y seguir viviendo a expensas del Estado, la cuñada de la expresidenta reapareció públicamente a fin del mes pasado para desempeñar su rol de senadora nacional cuestionando el DNU de Milei, abocada también a denunciar que “los recortes son un saqueo a las provincias”, una materia que sin dudas conoce bien.
La gravedad de la situación institucional no puede minimizarse y la ciudadanía aguarda expectante que la Justicia reciba las denuncias para expedirse sin demoras con ejemplares condenas.
LA NACION