El Gobierno nacional derogó 58 disposiciones vinculadas al comercio interior, entre ellas las de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, en el marco de su política de desregulación económica.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación económica y eliminó 58 normas vinculadas al comercio interior. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, con el objetivo de simplificar las relaciones entre empresas y consumidores y reducir las distorsiones que, según la administración nacional, generaban algunas regulaciones heredadas.
La medida forma parte del proceso de desburocratización impulsado por el Ministerio de Economía y apunta a reducir superposiciones y brindar mayor seguridad jurídica. La iniciativa se enmarca en la revisión integral que lleva adelante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde diciembre de 2023. Desde entonces, ya fueron derogadas más de 240 disposiciones consideradas obsoletas o incompatibles con el actual esquema legal.
Entre las normas eliminadas figuran 22 disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado para intervenir en la cadena triguera y contener el precio de la harina. También se dejaron sin efecto 30 normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos que durante años buscaron estimular el consumo mediante planes de financiamiento.
La revisión incluyó además cuatro regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación el valor de las cuotas. Según la explicación oficial, esa obligación terminaba generando aumentos preventivos y distorsiones en la formación de precios. También se eliminó una disposición complementaria asociada al programa Precios Cuidados.
Asimismo, se dejó sin efecto una normativa vinculada a la atención de adolescentes consumidores, al considerar que duplicaba mecanismos ya existentes. La intención es concentrar los reclamos en un único canal especializado para agilizar las respuestas y mejorar la eficiencia del sistema.
Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostienen que la eliminación de estas disposiciones permitirá dotar de mayor claridad al marco normativo vigente. El objetivo, explicaron, es reducir las ambigüedades regulatorias y disminuir la incertidumbre jurídica que enfrentan empresas y consumidores.
Con esta nueva decisión, el Gobierno profundiza una línea de acción que viene aplicando desde fines de 2023 y que tiene como uno de sus ejes centrales la reducción del entramado regulatorio sobre la actividad económica.
