En la Cámara de Diputados de Santa Fe se realizó una jornada sobre protección digital de infancias y adolescencias, con el objetivo de analizar un marco provincial que regule entornos digitales.
Santa Fe comenzó a debatir la posibilidad de avanzar en regulaciones de plataformas para menores durante la jornada “Regulación de entornos digitales para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, celebrada en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La convocatoria fue impulsada por las diputadas Gisel Mahmud, Astrid Hummel y Varinia Drisun, junto con la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezada por Juan Cruz Giménez, y la Defensoría del Pueblo, a cargo de Arístides Lasarte. Expusieron Juan Facundo Hernández y Joaquín Cruzalegui, quienes presentaron datos de una investigación de la asociación Protección Digital Argentina. El debate central giró en torno a si la provincia puede establecer reglas propias sin esperar una ley nacional.
Mahmud señaló que la reforma constitucional de 2025 incorporó derechos digitales y que las herramientas normativas actuales son insuficientes. “Nos parecía fundamental que podamos encontrarnos para empezar a analizar qué hacemos”, declaró. Hummel citó un informe de UNICEF de 2025 que indica que el 76% de los niños y adolescentes encuestados conoce herramientas como ChatGPT y el 58% las utilizó al menos una vez. “Hoy la virtualidad es la realidad de nuestras infancias”, afirmó. Drisun aportó que el 90% de niñas, niños y adolescentes reconoce no tener control sobre el tiempo que pasa conectado y que el 47% estuvo expuesto a contenido sexual en entornos digitales.
Hernández definió el eje conceptual de la jornada a partir de la Observación General 25 del Comité de Derechos del Niño. Propuso tres niveles de acción: alfabetización digital, políticas públicas frente a riesgos como grooming y apuestas online, y legislación sobre “código de diseño apropiado para la edad”. “La pregunta es si como se venía abordando este tema, con la presencia y diálogo con las familias, alcanza”, planteó, y respondió que no, ya que las familias no pueden cargar solas con un problema que involucra a empresas globales.
Cruzalegui presentó una encuesta de Protección Digital Argentina que muestra que en la región centro un 62,5% apoyaría una regulación nacional y casi el 80% considera necesaria una política de educación digital. Las demandas incluyen prohibir algoritmos adictivos, impedir la recopilación abusiva de datos, auditar plataformas y adaptar diseños a las edades. Hernández añadió que el 54% de los adultos con niños a cargo usa poco o no usa controles parentales. “Tenemos más de la mitad de niñas y niños navegando solos en internet”, comparó.
La propuesta de Protección Digital Argentina es que las provincias pueden desarrollar herramientas propias, como estándares de diseño apropiado para la edad, mecanismos de protección por defecto y responsabilidad algorítmica. Hernández sugirió que Santa Fe podría avanzar en protocolos para violencia digital, canales de denuncia, formación de equipos técnicos y regulación de tecnologías educativas.
En el intercambio participaron la diputada y exministra de Salud Sonia Martorano, el decano de la UTN Alejandro Tófolo, el docente de la UNRaf Mariano Cordera, la diputada Claudia Balagué y la subsecretaria de Salud Mental Liliana Olguín. Se abordaron temas como recomendaciones pediátricas sobre pantallas, ciberseguridad, ludopatía digital y la necesidad de políticas de acceso y formación docente.