El organismo pidió la suspensión inmediata y la apertura del procedimiento de remoción del magistrado, procesado por cohecho agravado y otros delitos.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura elevó al plenario un dictamen contra el juez federal de Rosario, Gastón Alberto Salmain, con pedido de suspensión inmediata, apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El juez Salmain fue procesado por la presunta comisión de los delitos de cohecho agravado, prevaricato y abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, según los artículos 257, 269 y 248 del Código Penal. La imputación indica que, junto con un empresario rosarino y un intermediario, habría acordado manipular un expediente judicial en su juzgado para autorizar, mediante una medida cautelar, la salida al exterior de diez millones de dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios, a cambio de una comisión pactada sobre la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue.
El juez instructor que ordenó el procesamiento consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esa etapa procesal, que Salmain acordó esa maniobra en reuniones mantenidas en su despacho, que dictó resoluciones ignorando planteos del Banco Central, y que cuando la devaluación de diciembre de 2023 achicó la brecha cambiaria, exigió un pago de hasta doscientos mil dólares por la operación frustrada.
La Justicia evaluó que existían riesgos procesales concretos y ordenó su detención preventiva. Esa orden no pudo hacerse efectiva debido a los fueros constitucionales de los que gozan los magistrados federales, regulados por la Ley 25.320. Como resultado, el juez con prisión preventiva decretada continúa en funciones.
El dictamen también señala que Salmain habría ocultado, en treinta y tres concursos ante el Consejo de la Magistratura, que había sido cesanteado del Poder Judicial de la Nación en 2002, tras un sumario en el que se acreditó que intentó sobornar a una empleada de la oficina de sorteos de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El objetivo era que expedientes previsionales iniciados por un estudio jurídico para el que trabajaba en paralelo fueran asignados al juzgado donde prestaba funciones.
La Comisión de Acusación concluyó que esa omisión configuró una violación del deber de buena fe y veracidad que impone el reglamento de concursos, y constituye causal de mal desempeño. El dictamen fue elevado al plenario del Consejo de la Magistratura para su tratamiento.