Organizaciones sociales y de consumidores lanzaron una campaña de recolección de firmas para presionar a los senadores nacionales antes del tratamiento del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. La iniciativa, con media sanción en Diputados, afectaría a 550 mil hogares del sur de Santa Fe.
El debate por la Zona Fría entró en una semana decisiva. La Cámara de Diputados dio media sanción el 20 de mayo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de subsidios al gas. En respuesta, distintas organizaciones sociales, de consumidores y multisectoriales lanzaron una campaña de recolección de firmas para intentar frenar la iniciativa antes de su eventual tratamiento en la Cámara de Senadores.
De aprobarse la iniciativa, la factura de gas natural aumentaría entre un 30% y un 50% en el sur de la provincia de Santa Fe, y hasta un 100% en otras zonas del país. El planteo de las organizaciones busca presionar a los senadores nacionales para que rechacen una reforma que, de convertirse en ley, dejaría fuera del beneficio a Rosario y a otros siete departamentos del sur santafesino.
En el oficialismo hay expectativa de reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma. En las organizaciones que rechazan el recorte apuestan a que la presión territorial influya en los legisladores de las provincias afectadas.
En Santa Fe, la atención está puesta sobre los tres senadores nacionales de la provincia. Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria) anticipó que votará en contra de los cambios. Carolina Losada y Eduardo Galaretto aún no dieron señales públicas claras sobre su postura. Organizaciones de consumidores y la Defensoría de Adultos Mayores de Rosario enviaron notas a los legisladores para advertir sobre el impacto de la quita del subsidio.
La ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría a ocho departamentos del sur de Santa Fe: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano. Según datos expuestos durante el debate legislativo, en esos departamentos hay más de 550 mil hogares incluidos en el esquema, que representan a alrededor de 1,76 millón de personas.
La reforma que impulsa el Ejecutivo nacional propone mantener la Zona Fría solo para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y áreas de la Puna. Para el resto de las regiones incorporadas en 2021, plantea reemplazar el beneficio territorial por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, atado al nivel de ingresos de los hogares. El argumento oficial es que el régimen actual subsidia zonas que no tienen condiciones climáticas extremas y que el costo se distribuye entre usuarios de todo el país. También sostiene que la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos y reduciría el alcance del programa en alrededor de 1,2 millón de hogares.
Quienes rechazan el proyecto afirman que el cambio implicaría trasladar el ajuste a la factura de gas en plena temporada de bajas temperaturas. En hogares que hoy tienen un descuento del 50%, la eliminación del beneficio podría duplicar el componente subsidiado de la boleta.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Entre los legisladores santafesinos, los diputados de La Libertad Avanza acompañaron el proyecto; Unión por la Patria votó en contra. También rechazaron la iniciativa los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y la exvicegobernadora Gisela Scaglia. El diputado nacional Diego Giuliano advirtió que la quita afectaría a más de 550 mil hogares santafesinos y sostuvo que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, se generaría un desequilibrio social.
Si el Senado aprueba la reforma, la judicialización aparece como una posibilidad. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales miran como antecedente el caso Cepis, que marcó la discusión judicial sobre los aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri.