Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario manifestaron su rechazo al proyecto del gobierno nacional que propone modificar la ley de salud mental, al considerar que la prioridad debe ser la inversión y el fortalecimiento del sistema actual.
La reforma de la ley nacional de salud mental propuesta por el Ejecutivo nacional generó un amplio debate en distintos ámbitos. Especialistas de Rosario advirtieron sobre la precariedad de los dispositivos actuales y los índices preocupantes en torno a suicidios y violencia, que atribuyen a la falta de políticas públicas. El proyecto oficial pretende modificar el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental», fortalecer el rol del psiquiatra en las internaciones, habilitar instituciones monovalentes (conocidas como manicomios) y revisar los criterios de «internación involuntaria».
Ignacio Saenz, director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la UNR, afirmó que «la ley vigente no es el problema» y destacó que «constituye una de las normativas más avanzadas en materia de salud mental en la región, al haber consolidado un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria». El especialista señaló que el sistema de salud mental no alcanzó el piso presupuestario del 10 % del total de salud establecido por la ley, lo que impacta directamente en la posibilidad de desarrollar dispositivos comunitarios y garantizar accesibilidad.
Saenz precisó que quince provincias argentinas coinciden en respaldar la ley vigente y advierten que una reforma en este contexto no aborda el problema central del sistema, especialmente en lo referido al financiamiento y la falta de dispositivos territoriales. Por su parte, la psicóloga Paula Sagué, docente de la UNR, alertó sobre la crisis de salud mental y señaló que «los equipos de salud no dan abasto mientras Nación asfixia a las provincias con recorte de presupuesto y personal».