Sergio L. fue imputado por violación de sellos y documentos tras eliminar pruebas de un celular secuestrado en una causa por balacera y corrupción policial en Rosario.
La Justicia rosarina ordenó este viernes la prisión preventiva de un reparador de celulares por haber colaborado para borrar mensajes de WhatsApp. Fuentes oficiales indicaron que intentó ayudar a su madre, Norma Acosta, a eliminar evidencia de una causa del año anterior. Sergio L. pasará 30 días en la cárcel como parte de las medidas para profundizar la investigación sobre una balacera registrada en mayo.
Su madre había denunciado el ataque a tiros y luego fue detenida por haber organizado un autoatentado en ese domicilio. El caso se conecta con la causa sobre el multimillonario fraude en la carga de combustible de la Policía de Santa Fe. El fiscal Pablo Socca señaló al hijo de Norma Acosta como coautor de violación de sellos y documentos, un delito asociado a la sustracción e inutilización de objetos bajo custodia que sirvan como prueba ante las autoridades.
Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal sostuvo que el imputado y su madre planificaron cómo deshacerse de la evidencia del teléfono móvil de ella con ayuda de otras personas no identificadas. El aparato fue secuestrado el 21 de mayo por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero esto no bastó para preservar su contenido. El fiscal recordó que el dispositivo quedó en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe cuando Acosta fue liberada y notificada respecto de la formación de la causa por falso testimonio.
Esa tarde, Acosta se fue de las dependencias policiales e inmediatamente pidió una nueva tarjeta SIM. La mujer de 48 años fue a una sucursal de su empresa de telecomunicaciones y denunció que había extraviado el celular. Consiguió un chip con el mismo número y se reunió con su hijo. El técnico reparador puso la tarjeta SIM en otro dispositivo y abrió WhatsApp con la cuenta de Gmail de su madre. A las 19:41 comenzaron a borrar archivos, imágenes y mensajes que también estaban disponibles en el teléfono secuestrado por la policía. No eliminaron todo el archivo, sino que seleccionaron material de ciertas conversaciones, incluidas algunas con funcionarios públicos aún no identificados.
El juez Lisandro Artacho aceptó la calificación legal de los hechos y ordenó la prisión preventiva efectiva de Sergio L. por 30 días. La balacera previa ocurrió el 7 de mayo en pasaje Larguía al 3400. Dos días antes se habían realizado los primeros allanamientos que terminaron con 16 policías detenidos por malversación de fondos para comprar combustible de vehículos oficiales. Socca dijo que la dueña de la casa se aprovechó de la exposición del ataque para tomar una postura ante los medios como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad. El fiscal determinó que la supuesta víctima había prestado declaración con el fin de instalar hipótesis ficticias e introducir información falsa sobre autoridades policiales.
El plan del autoatentado fue diseñado junto a Juan José Gómez, miembro de la barra brava de Newell’s. Ambos quedaron bajo prisión preventiva por seis meses tras una audiencia a principios de septiembre. Previamente, el MPA imputó a Nicolás R. (18) como coautor de abuso de armas, agravado por la participación de un menor de edad. Nahuel D., apodado Monta y ligado a la tribuna rojinegra, también fue señalado por el mismo delito.