Una sucesión de casos que involucraron a menores en situaciones de extrema vulnerabilidad volvió a sacudir a Rosario en las últimas semanas y reactivó el debate sobre el alcance y la capacidad de respuesta del sistema de protección de derechos. Desde el caso de Luna Zárate, la chica de 13 años que estuvo desaparecida más de un mes, hasta el hallazgo de dos mellizas de siete años que eran usadas para vender drogas, se encendieron las alarmas.
En ese contexto, el municipio confirmó que durante el último trimestre de 2025 los pedidos de intervención por situaciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes crecieron un 21%, al pasar de 957 solicitudes a mitad de año a 1.226 en el cierre del período. Desde la Dirección de Infancias y Familias insistieron en que el dato debe leerse con cautela y no como un aumento lineal de hechos violentos.
“Lo que creció son los pedidos de intervención, no necesariamente las situaciones de violencia en sí”, explicó Andrea Fortunio, directora general del área, en diálogo con La Capital. Según la funcionaria, el aumento está directamente vinculado a una mayor presencia del Estado en territorio, a la ampliación de la red institucional y a la puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de atención.
En ese lapso de tiempo, el municipio estuvo trabajando con alrededor de 8.500 familias, a partir de 1.226 pedidos de intervención. La cifra surge de un abordaje que, aunque suele iniciarse por un niño o niña, se extiende al grupo familiar completo, con un promedio estimado de tres menores por familia.
En cuanto a la distribución geográfica de esos casos, el distrito oeste concentra la mayor cantidad de pedidos de intervención, aunque desde el municipio aclaran que también es el distrito más grande y con mayor densidad institucional. Esta zona, que comprende 51 barrios, abarca el 22,5% de la superficie de la ciudad y tiene 141.789 habitantes.
En tanto, el Poder Judicial aparece como uno de los principales generadores de notificaciones, seguido por salud y educación.
Qué mide el aumento
Desde el área remarcan que el indicador no refiere a delitos ni a denuncias penales confirmadas, sino a notificaciones que llegan al Estado local desde escuelas, centros de salud, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad, el Poder Judicial u otros organismos que detectan situaciones que requieren acompañamiento.
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“No es un termómetro directo de violencia. Es un indicador de demanda hacia el sistema de protección”, aclaró Fortunio. En ese sentido, una suba puede producirse incluso si no hay un crecimiento proporcional de hechos graves, cuando el Estado logra llegar antes, detectar más y actuar con mayor cercanía.
Algunos de los episodios recientes corresponden a situaciones de alta complejidad, donde se activan mecanismos de intervención inmediata. “Cuando hablamos de urgencias, el municipio actúa como primer nivel de intervención”, explicó Fortunio.
Ese circuito implica, en primer término, poner a resguardo la integridad psicofísica del niño o la niña, articular con el sistema de salud, fuerzas de seguridad y emergencias, y construir rápidamente un mapa de vínculos familiares. Si hay presunción de delito, interviene el Ministerio Público de la Acusación y la responsabilidad pasa al segundo nivel provincial, aunque el municipio continúa acompañando el proceso.
El factor económico como variable
El crecimiento de las situaciones que requieren intervención está vinculado con el contexto económico y social. “Sí, el contexto económico influye”, reconoció Fortunio, aunque aclaró que el análisis que realizan desde la Dirección no es unidimensional. “Hay una cuestión económica, social y también cultural, que tiene que ver con la redefinición de los roles y de los vínculos de cuidado”, explicó.
Según la funcionaria, las dificultades materiales impactan directamente en las dinámicas familiares y en la capacidad de los adultos para sostener la crianza. “Una familia que no llega a fin de mes, que no tiene un trabajo estable, que se mueve en la informalidad, pone su preocupación principal en lo alimentario, en la supervivencia cotidiana. Y ahí muchas veces se debilita lo que tiene que ver con el cuidado respetuoso”, señaló.
En ese marco, emergen con mayor frecuencia situaciones de malos tratos, fragilidad en el ejercicio del rol adulto y vínculos deteriorados, que no siempre derivan en hechos delictivos, pero sí en intervenciones del Estado para prevenir vulneraciones de derechos más graves.
Acompañar a los adultos para que puedan cuidar mejor
Más allá de los casos extremos, Fortunio remarcó que la mayor parte del trabajo cotidiano del área no está vinculada a delitos, sino a fragilidades en el cuidado, malos tratos o dificultades de los adultos para sostener la crianza.
“El niño es un sujeto de derecho doblemente protegido: como ciudadano y como niño. Pero ningún niño se cría solo. Siempre hay un adulto que cuida, y ahí es donde el Estado tiene que poner la mirada”, explicó.
Según detalló, muchas intervenciones se activan a partir de señales tempranas detectadas en espacios cotidianos. Por ejemplo: inasistencias reiteradas a una sala de tres años, problemas de higiene, llegadas tarde, dificultades para sostener la escolaridad o controles de salud incompletos. “Eso no es automáticamente una vulneración de derechos, pero sí una alarma que nos permite intervenir antes”, señaló.
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En esos casos, el eje del trabajo no está puesto en separar al niño de su entorno, sino en acompañar al adulto: entrevistas, consejería, articulación con centros de salud y escuelas, vinculación con propuestas socioeducativas y, cuando es necesario, programas de inclusión sociolaboral.
“Acompañar al niño implica necesariamente acompañar a su familia. Fortalecer al adulto para que pueda cuidar mejor es una política de prevención. Si hay un adulto que cuida mejor, hay un niño que va a crecer mejor”, sintetizó Fortunio.
La red territorial como sostén
Ese enfoque se apoya en una red territorial amplia, integrada por Centros Cuidar, centros de salud, escuelas, espacios culturales, polideportivos y organizaciones sociales de base, que cumplen un rol clave en la detección temprana por su cercanía cotidiana con las familias.
Actualmente, la Dirección cuenta con alrededor de 80 profesionales dedicados a intervenciones territoriales específicas y más de 300 educadores que trabajan en los Centros Cuidar, con propuestas socioeducativas, recreativas y de acompañamiento familiar distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
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Llegar más lejos y ampliar el alcance de las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes fue uno de los objetivos que se propuso la Municipalidad de Rosario en agosto de 2024, con la puesta en marcha de la Casa de las Infancias, en San Lorenzo y Mitre. El dispositivo funciona como punto de llegada y de articulación de las acciones de promoción y protección de derechos que se despliegan en el territorio y, al mismo tiempo, como una herramienta para jerarquizar la política pública de niñez a nivel local.
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Presión sobre el Estado local
El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, señaló a este diario que el fenómeno excede el área de niñez. “De un año a otro, el municipio registró un incremento cercano al 30% en los pedidos de ayuda social, desde alimentos hasta situaciones de calle”, afirmó.
“El municipio fue redoblando la apuesta en políticas sociales porque vimos que, pospandemia, se aceleraba la ruptura del tejido social y que iba a ser necesario dar respuestas más cercanas y más rápidas”, explicó.
Frente a este escenario, el Ejecutivo local proyecta la apertura de nuevos Centros Cuidar, la ampliación de dispositivos existentes y el fortalecimiento de propuestas para niños de 6 a 12 años, una franja etaria donde detectan mayor necesidad de acompañamiento.
De cara a lo que se viene, el funcionario anticipó que el desafío será sostener y ampliar el sistema de cuidados en un escenario económico adverso, con especial foco en infancias, adolescentes y adultos mayores, dos franjas donde el municipio detecta un crecimiento sostenido de la demanda.