La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación que rechaza la decisión del gobierno nacional de eliminar el subsidio de Zona Fría para unos 4 millones de usuarios residenciales, medida que afectaría directamente a Rosario y otras localidades del sur provincial.
Por unanimidad y sobre tablas, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó una comunicación presentada por el bloque del Partido Justicialista que rechaza la decisión impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional de quitar a unos 4 millones de usuarios residenciales el subsidio por Zona Fría. La medida, de concretarse, afectará de modo directo a la ciudad de Rosario y otras localidades del sur del territorio provincial.
La posición de los senadores es que se debería “morigerar” el “impacto tarifario en relación a los consumos de gas natural de red para uso residencial, en hogares santafesinos alcanzados por las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nro. 27.637, que pudiesen disminuir o dejar sin efecto los beneficios del régimen especial de Zona Fría”.
En el mapa de la provincia de Santa Fe, solo el sur cuenta con esos beneficios, sancionados en 2021. El área servida con redes de distribución del centro norte no recibe ese subsidio cruzado, que se integra con aportes del Estado y de la totalidad de los usuarios del sistema.
El esquema planteado por el gobierno nacional establece que solo unas pocas regiones del país tengan gas más barato en invierno en los hogares: la Patagonia y unas pocas áreas cordilleranas. Así, pierden el subsidio en esa iniciativa el sur de Santa Fe, esa zona de Córdoba y, por ejemplo, en la provincia de Mendoza solo Malargüe permanecería con ese beneficio.
Los descuentos por el subsidio por Zona Fría van del 30 al 50% del valor del metro cúbico de gas natural distribuido. Las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo Nacional avanzaron en la Cámara de Diputados de la Nación. Por Santa Fe votaron favorablemente los diputados de La Libertad Avanza Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Alejandro Bongiovanni y Valentina Raver.
El texto aprobado en el Senado fue llevado sobre tablas por la minoría del PJ y se sumaron de inmediato firmas de los senadores de la mayoría radical. Al momento de tratarlo no hubo ninguna expresión por la negativa. Subraya que el “régimen tarifario vigente a la fecha, alcanza a unos 550.000 hogares ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, lo que implica un estimación proyectada de 1.700.000 personas, que fueron incorporadas en una ampliación de la cobertura original propiciada en el año 2021”.
“El impacto final en el costo incremental del gas domiciliario para consumidores santafesinos desafectados del beneficio, se encontraría entre un 30% y un 40%, por lo que el impacto resultaría sustantivo, afectando la provisión accesible del servicio en vísperas de la temporada invernal”, destaca.
A sabiendas de que “el suministro y distribución de gas natural no es competencia de gestión directa del Gobierno Provincial, sí lo es la preservación de los derechos y la promoción del acceso a servicios básicos para la calidad de vida elemental de los ciudadanos santafesinos”, interpretan los considerandos. Y siguen: “Siendo así, en su calidad de gestor institucional del interés ciudadano ante el Gobierno Nacional y ante la afectación de derechos de familias santafesinas, en que resulta pertinente requerir su intervención directa”, frente al gobierno nacional.
Además, otra vez recibió media sanción de la Cámara alta un proyecto de ley que modifica una norma vigente, que garantiza que personas con discapacidades visuales tengan el derecho a seguir acompañadas por sus perros guías o lazarillos en los establecimientos comerciales o el transporte público. El texto que presentó nuevamente Armando Taferri (PJ-San Lorenzo) modifica incisos de varios artículos para evitar las excusas de quienes rechazan a los ciegos con sus perros lazarillos. El propósito de la Ley 13.315 vigente desde 2012 es “reconocer y garantizar a toda persona que posea algún tipo de discapacidad visual o de otra índole que requiera la utilización de un perro de asistencia, el derecho a ser acompañada” por ese animal, tanto para “acceder” como para “deambular y permanecer” en “cualquier lugar, establecimiento o transporte de uso o acceso público, con independencia de su titularidad pública o privada dentro del territorio de la Provincia”. Básicamente, la media sanción del Senado busca corregir la redacción de la norma en aspectos formales de técnica legislativa respecto de, por ejemplo, que es “a los efectos de la presente ley” que se define a esos canes especialmente adiestrados, y lo mismo algunos incisos vigentes para perfeccionar la norma. El punto central es que la ley vigente en Santa Fe no fija las penalidades previstas por una norma nacional anterior contra la discriminación, la Ley 23.592 y sus modificatorias.