Jorge Menegozzi, quien fuera tesorero y asesor contable de la Biblioteca Popular Constancio Vigil entre 1977 y 2005, fue procesado por administración fraudulenta. La Justicia federal de Rosario lo consideró ‘partícipe necesario’ en la liquidación irregular del patrimonio de la institución.
La Justicia federal de Rosario procesó este viernes por administración fraudulenta a Jorge Menegozzi, quien se desempeñó como tesorero y asesor contable de la Biblioteca Popular Constancio Vigil entre 1977 y marzo de 2005. El juez Carlos Vera Barros y el fiscal Federico Reynares Solari determinaron que Menegozzi fue ‘partícipe necesario’ en maniobras que afectaron los bienes de la institución durante la última dictadura cívico-militar y parte del período democrático.
Según el expediente, Menegozzi realizó diversas acciones que configuran el delito de administración fraudulenta, siendo su aporte como tesorero y asesor contable esencial para que los interventores pudieran llevar adelante la liquidación patrimonial. Se le trabó un embargo por 10 millones de pesos, aunque no se ordenó su detención.
La causa, que investiga delitos económicos en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, busca esclarecer las responsabilidades en el proceso de liquidación patrimonial de la Biblioteca Vigil iniciado en 1977 y extendido hasta 2012. Una pericia del Tribunal de Tasaciones reveló que un inmueble de la filial en San Juan, valuado en $2.202.000, fue rematado en 1984 por solo $733.679,71.
Gabriela Durruty, representante legal de la comisión directiva de La Vigil y miembro de la APDH, calificó el procesamiento como un ‘logro colectivo importantísimo’ y destacó el trabajo de la pericia de Sergio Arelovich y la investigación de Natalia García. García, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades, señaló que la liquidación incluyó remates, subastas, expropiaciones y destrucción de bienes muebles e inmuebles, así como la pérdida de un telescopio Carl Zeiss, único en América Latina, adquirido en 1965.
La Biblioteca Vigil, ubicada en Gaboto 450, está señalizada como Sitio de Memoria. La causa por delitos de lesa humanidad fue separada de la económica por el entonces juez Marcelo Bailaque.