El fiscal general Diego Luciani avanzó con una segunda tanda de decomisos en el marco de la causa Vialidad, donde el monto fijado como perjuicio al Estado asciende a 685.000 millones de pesos.
En un nuevo dictamen presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que llevó adelante el juicio y hoy ejecuta la sentencia, el representante del Ministerio Público solicitó la ampliación del embargo sobre un conjunto adicional de bienes vinculados a los condenados.
Entre las primeras propiedades de la familia Kirchner que encabezan el listado figura el departamento de San José 1111, además del chalet de la costanera de Río Gallegos, el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén y otros inmuebles ubicados en Santa Cruz. También se incluyeron los dólares de Florencia Kirchner.
Mientras Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, intentan frenar el proceso de ejecución patrimonial tras la confirmación de la condena por corrupción, Luciani presentó un dictamen de 30 páginas en el que reclama un nuevo decomiso para avanzar en la recuperación de activos.
Causa Vialidad: el fiscal pide decomisar 141 inmuebles y 46 vehículos
El listado total comprende 141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas vinculadas a Lázaro Báez, además de 46 automotores. El pedido alcanza también a los demás condenados en el expediente, entre ellos José López y Nelson Periotti.
El objetivo es cubrir los 684.990.350.139,86 pesos que el tribunal estableció como monto de la defraudación derivada de 51 licitaciones de obra pública direccionadas, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos de pago exclusivos para el Grupo Austral.
«Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso. En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores», sostiene el dictamen.
Además de las propiedades, la fiscalía incluyó en el pedido los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares depositados en una caja de ahorro del Banco de Galicia y 53.280,24 pesos.
Falta de pago y «artilugios procesales»
Luciani y el fiscal Sergio Mola argumentaron que, pese a haber sido intimados a depositar el monto fijado por el tribunal, los condenados «todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».
El dictamen añade que también «han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-«.
Según el fiscal, esas presentaciones han demorado el recupero de activos ordenado en una sentencia judicial firme. «La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley», señaló.
A criterio del Ministerio Público, varios de los condenados «registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años».
La ventana temporal y el rol de la Corte Suprema
El TOF 2 dispuso avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra investigada.
Bajo ese criterio se incluyeron 19 inmuebles que Cristina Kirchner cedió en 2016 a sus hijos a título gratuito y en partes iguales, al considerar la Justicia que fueron adquiridos durante la etapa en la que se configuró la administración fraudulenta.
Un primer grupo de 111 propiedades ya fue ejecutado. El juez Jorge Gorini remitió ese listado a la Corte Suprema, que es el órgano encargado de tomar posesión de los bienes decomisados en causas de corrupción y definir su destino final.
En su dictamen, la fiscalía sostuvo: «Para la sociedad argentina -cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa-, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos».
En especial, agregó Luciani, «de la gran corrupción». Y concluyó: «Se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables».