Simone Weil: “El trabajo manual, cuando está desprovisto de sentido, se convierte en una forma de opresión».
El próximo 2 de febrero no será una fecha más en el calendario laboral argentino. Si el nuevo baremo laboral introducido por el Decreto 549/2025 entra plenamente en vigencia como se anuncia, ese día marcará un punto de inflexión regresivo para los trabajadores y para el ya frágil sistema de Salud Pública. No por azar, sino por diseño.
Detrás del lenguaje técnico, aséptico y supuestamente “modernizador” del nuevo baremo, se esconde una redefinición del daño, una revalorización a la baja del cuerpo del trabajador y una traducción económica restrictiva de la enfermedad y la discapacidad laboral. Allí donde antes se reconocía sufrimiento, pérdida de capacidad y menoscabo vital, ahora se introducen coeficientes, tablas y topes que licúan derechos.
El baremo no es un instrumento neutral. Nunca lo fue. Es el corazón del sistema de reparación del daño laboral. Cambiarlo no es un ajuste técnico: es una decisión política que determina quién paga el costo del trabajo. Y el Decreto 549/2025 parece haber elegido con claridad: que lo pague el trabajador.
El cuerpo como variable de ajuste
El nuevo baremo avanza sobre un principio básico del Derecho del Trabajo y de la Medicina Laboral: que el daño debe evaluarse de manera integral, individualizada y contextual. En su lugar, propone una lógica estandarizada, restrictiva y deshumanizada, donde la complejidad clínica queda subordinada a la planilla.
Se reduce la ponderación de secuelas funcionales, se fragmenta el daño, se minimizan patologías crónicas y se consolida una mirada que confunde capacidad laboral con mera aptitud biológica, desconociendo la realidad concreta del puesto de trabajo, la edad, la formación y las condiciones sociales del trabajador lesionado.
El resultado es previsible: menos incapacidades reconocidas, menores porcentajes, indemnizaciones más bajas. No porque los trabajadores se enfermen menos, sino porque el sistema decide mirar menos.
Impacto directo en la Salud Pública
Cuando el sistema de riesgos del trabajo niega o subvalora el daño, no lo hace desaparecer: lo traslada. Lo expulsa hacia el sistema público de salud, que termina absorbiendo tratamientos, rehabilitaciones, cronicidades y discapacidades que deberían ser cubiertas por quienes se benefician del trabajo.
El Decreto 549/2025 no alivia al Estado: lo sobrecarga. No protege la salud: la terceriza hacia hospitales públicos ya colapsados. No ordena el sistema: externaliza costos y socializa pérdidas.
Un retroceso jurídico y sanitario
Este nuevo baremo tensiona, además, principios constitucionales elementales: el principio protectorio, la progresividad de los derechos sociales, la reparación integral del daño y el derecho a la salud como bien social. Se consolida una matriz donde el trabajador lesionado deja de ser sujeto de derechos para convertirse en un número negociable.
No es casual que este tipo de reformas se presenten como inevitables, técnicas o “alineadas con estándares”. Son, en realidad, parte de un proceso más amplio de mercantilización del riesgo y de disciplinamiento del conflicto laboral.
Un 2 de febrero para no naturalizar
El 2 de febrero no debería pasar inadvertido. Será un día trágico no por un hecho puntual, sino por lo que simboliza: la naturalización de que enfermar o lesionarse trabajando valga cada vez menos.
Frente a este escenario, el silencio sería complicidad. Médicos, trabajadores, sindicatos, el poder judicial y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de nombrar el retroceso, discutir el modelo y recordar una verdad incómoda pero fundamental: “cuando se abarata el daño, se abarata la vida”.
Porque cuando el Estado decide que el dolor se tabula hacia abajo, que la discapacidad se minimiza y que la enfermedad se calcula como un costo, no está modernizando nada: está renunciando a su función más elemental.
Y si un decreto puede menguar cuánto vale un cuerpo que trabajó, enfermó y se quebró produciendo riqueza, entonces el problema ya no es el baremo, sino el modelo de país que lo tolera.
Y ningún decreto debería tener ese poder.
Porque no se trata solo de tablas, porcentajes o coeficientes. Se trata de entender que cada número es un cuerpo, cada ajuste es una vida, y cada silencio es una renuncia colectiva. Ha llegado el momento de que el pueblo abandone la comodidad de la “inocencia inducida”, de que deje de creer que estas decisiones son técnicas, inevitables o ajenas. Nada de esto es neutro. Nada de esto es casual.
Desinocentizarse es abrir los ojos, nombrar el daño y asumir que cuando se acepta que un decreto determine cuánto vale el sufrimiento del trabajador, se está aceptando también un país donde la injusticia se vuelve norma. Y frente a eso, la conciencia ya no es una opción: es una obligación histórica.
Dr. Javier Amherd.
Médico Legista – Especialista en Salud Ocupacional.