«El que no trabaja, no cobra«, sostiene en privado Javier Milei y ahora el Gobierno que conduce pretende descontar el día de paro a los trabajadores estatales que el próximo 24 de enero adhieran a la medida de fuerza convocada por la CGT y otras centrales sindicales en rechazo al megadecreto presidencial.
Fue el vocero presidencial Manuel Adorni el que dio la primera pista de la polémica iniciativa cuando, en su conferencia de prensa matutina, reconoció que «lo estamos analizando como una posibilidad cierta«, al referirse al eventual descuento salarial a los agentes que se sumen a la protesta convocada desde las 12 del miércoles 24.
Es que en plena pulseada con la conducción de la CGT el Gobierno apuesta, por un lado, a enviar señales de endurecimiento con miras a lograr la plena vigencia de la reforma laboral incluida dentro del DNU de Milei y la «ley Omnibus», y en paralelo intenta congraciarse con el núcleo duro de la sociedad que lo apoya y pide «cambios de fondo«.
En este sentido, la estrategia oficial sería la misma que la aplicada durante la movilización de las organizaciones sociales de izquierda del pasado 20 de diciembre, cuando desde distintas usinas oficiales partió la advertencia que se bloquearía el pago del salario social complementario a los beneficiarios que participaran de la marcha a Plaza de Mayo.
Sin embargo, aún no hay certezas de cómo podría aplicarse una medida de ese calibre para los estatales nacionales. En principio debería ser Jefatura de Gabinete la encargada de monitorear la presencialidad de los trabajadores en cada una de las dependencias. Algunas fuentes del Ejecutivo sostienen la alternativa de declarar ilegal la huelga de la CGT ante la falta de una comunicación formal de la central obrera respecto a la medida de fuerza.
«No creo que lo hagan«, conjeturó una fuente de UPCN consciente de las negociaciones que por lo bajo entablan distintos funcionarios con los integrantes de la mesa chica cegetista. También sostienen en los gremios que la aplicación de la medida se enfrentaría con inconvenientes de tipo logístico.
En el caso de los estatales, además, esperan una pronta convocatoria oficial para entablar la reapertura paritaria tras el cuarto intermedio decidido a fines de diciembre. El objetivo es reanudar la negociación salarial: los gremios pretenden un aumento que al menos logre compensar el salto inflacionario del 25,5% de diciembre.
Sin embargo, el Ejecutivo viene endureciendo su postura frente a los gremios estatales: a la batería de privatizaciones que envío al Congreso como parte de la denominada «Ley Bases», se le suma el recorte u «ordenamiento» del pago de horas extras que cientos de empleados venían cobrando como un necesario suplemento salarial.
«No se van a cortar las horas extras pero sí se busca ordenarlas: el problema es que los básicos son muy bajos y paulatinamente intentaremos ir corrigiendo eso», se excusó un funcionario consultado. Hoy, con todo, prima la preocupación entre muchos trabajadores.
En este contexto, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, salió a rechazar la posibilidad de que se descuente el día de paro a estatales. «Sería ilegal, nuestra Constitución y los tratados internacionales a los que adscribe garantizan el derecho a huelga», indicó el jefe gremial a este diario.
Luego la emprendió contra el vocero Adorni por lo que consideró «una amenaza» de su parte y alegó que el «que debiera rendir cuentas es él que desde que asumió no está cumpliendo con su trabajo».