La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su férrea oposición al proyecto de ley de Gobierno de traspasar la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por su parte, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la CABA, Ricardo Gil Lavedra, adelantó su rechazo enérgico a “los proyectos incluidos en la ley “ómnibus” de sucesiones notariales y divorcio administrativo, rechazamos enérgicamente su sanción por resultar perjudicial a los intereses de los justiciables”.
“El proyecto de divorcio administrativo no tiene en cuenta que son múltiples las cuestiones que se plantean en caso de una separación, y prescindir del asesoramiento jurídico deja en clara desventaja a la parte más vulnerable. Es imperativa entonces la presencia de un juez cuando se trata de establecer derechos o consecuencias legales, sólo así puede darse certeza y seguridad a las relaciones jurídicas”, agregó el ex camarista.
El rechazo de estas dos entidades se suma al de ayer de la Junta de los presidentes de las Cámaras de Apelaciones Nacionales y Federales al traspaso de la justicia nacional.
Por otra parte, en un comunicado la entidad que preside el juez Andrés Basso señaló que “una vez más observamos proyectos y acciones donde se exhiben intentos de instrumentar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta y nos convoca a ratificar la posición histórica que esta Asociación ha mantenido desde el primer intento de traspaso, hace ya varios años”, recordó.
La AMFJN “con la decisión unánime de todos los espacios que la conforman, ha dado constante muestra del respeto de las instituciones en un Estado de Derecho”. “Justamente, con base en ese respeto a las instituciones, es que la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”, agregó la entidad que reúne a jueces de todo el país.
En este sentido, “nuestra posición ha sido sostenida siempre con tenacidad e ímpetu, y así lo seguiremos plasmando, como en este caso, mediante acciones tendientes a que esos intentos de avasallamiento no lleguen a concretarse”, agregó.
Por su parte, Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía, dijo que la entidad “seguirá defendiendo los intereses de los abogados y abogadas, y la vigencia irrestricta del orden constitucional”.
“Las democracias liberales se organizaron para proteger la libertad frente a los abusos de poder, por eso las funciones legislativas y ejecutivas deben estar separadas, y la justicia debe ser independiente para garantizar el estado de derecho”, agregó.
El gobierno nacional, “en el contexto de una grave crisis económica y social, ha impulsado innumerables modificaciones al régimen legal vigente, mediante el dictado de un DNU y el envío de un proyecto de ley “ómnibus” al Congreso Nacional”, destacó.
“Prácticamente no hay materia que haya quedado al margen del conjunto de reformas propuestas, y ello impactará en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, en el ejercicio profesional de la abogacía”, agregó.
“Ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio, a fin de que emitan opinión sobre los temas involucrados. Sin perjuicio del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, los cuestionamientos acerca de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, pueden ser reparados por el propio Congreso” destacó Gil Lavedra.
“La voz de la abogacía debe ser escuchada. La deliberación es un elemento imprescindible en la construcción del consenso democrático. El progreso y desarrollo de la Argentina sólo será posible fortaleciendo las instituciones, con pleno respeto al estado de derecho. Según afirmaba Alberdi “la política no puede tener miras diferentes a las miras de la Constitución”, finalizó Gil Lavedra.