Los detenidos esperaban la cena en lo que se conoce como una «celda colectiva». Nueve de ellos aprovecharon la salida de un celador para emboscarlo. El ataque terminó en fuga. Cinco de los presos fueron recapturados, pero cuatro siguen prófugos. Todo ocurrió el martes en la Comisaría 3B de la Policía de la Ciudad, ubicada sobre Catamarca, debajo de la Autopista 25 de Mayo, en San Cristóbal.
Se trata de Lautaro Quinteros (22), imputado por robo agravado por el uso de arma; Leonel Meza Sacha (32), también acusado por robo; igual que Axel Ezequiel Torres (24); y Marcos Iván Gómez (44) que son buscados por la Policía.
«De los cuatro evadidos, tres tienen prisión preventiva (hace un mes detenidos) y uno fue condenado y está detenido desde abril», indicaron a Clarín fuentes de la fuerza porteña.
Por el hecho se abrió una causa por evasión que recayó en la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Horacio Peix.
En lo que va de 2023 se conocieron, al menos, cuatro fugas en comisarías de la Policía de la Ciudad en las que un total de 17 presos concretaron el escape. Y otro motín de 34 detenidos fue desarticulado luego de que los presos rompieran los candados de los calabozos para tomar el patio de la comisaría de Villa Crespo.
De acuerdo a fuentes oficiales, la gran mayoría de los prófugos de este año fueron recapturados.
Se trata de una situación agravada por la crisis de hacinamiento en las comisarías de la Ciudad.
En agosto hubo un motín en la Alcaidía 12C de Villa Urquiza. Foto Archivo / Juano Tesone Según reconocen en el Gobierno porteño, en este momento hay 1.593 detenidos bajo el cuidado de la Ciudad, de los cuales 1.300 están cumpliendo una condena. Del total, 533 están alojados en comisarías y 1.060 en alcaidías.
El sistema tiene 729 plazas en total, 152 en comisarías y 577 en alcaidas. Actualmente la ocupación es del 218 por ciento (350% en comisarías y 183% en alcaidías). Los policías que están afectados a la custodia de los detenidos son 1.304, según informaron las autoridades porteñas.
Las cuatro fugas y el motín en las comisarías de la Ciudad en 2023
El 4 de marzo cuatro presos escaparon de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad en Flores.
El 6 de julio tres presos se fugaron de la Comisaría 1B, en Tucumán 1560, a pocas cuadras de Tribunales. Los detenidos forzaron la cerradura de la celda con una barreta, salieron al patio y treparon un árbol para luego escapar por los techos.
El 26 de agosto al menos 34 detenidos rompieron una reja y escaparon de las celdas para tomar el patio de la Alcaidía 12C de Villa Urquiza. Quemaron colchones y tuvo que intervenir la División de Intervenciones Rápidas (DIR) y la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaldías (DUTIA) de la Policía de la Ciudad.
El 21 de septiembre otro detenido se fugó de la Comisaría Vecinal 3B en San Cristóbal, la misma de la que 20 días después escaparon otros nueve detenidos. En aquella oportunidad, el ladrón huyó esposado y herido por la parte trasera.
Ante la consulta de Clarín por la seguidilla de fugas de las comisarías porteñas en 2023, en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta responsabilizaron a la Nación por la falta de cupos en cárceles federales.
«Desde el inicio de la pandemia y la implementación de la cuarentena, en 20 de marzo de 2020, el Servicio Penitenciario Federal aplicó una política que derivó en un virtual cierre en la recepción de personas detenidas en las dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, lo que llevó a que los detenidos estén fuera del sistema legal vigente«, indicaron en un comunicado.
“Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero si ellos no hacen su parte lamentablemente no alcanza. Hace meses venimos reclamándole al Sistema Penitenciario Federal que cumpla con su responsabilidad y reciba a los detenidos de la Ciudad. Por un capricho del Gobierno y por su mezquindad política, pasamos de tener 61 detenidos en alcaidías y comisarías en marzo de 2020 a 1.500 que tenemos hoy”, había cuestionado Rodríguez Larreta, en un acto donde repasó medidas de seguridad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó el miércoles un pedido de habeas corpus en favor de los presos bajo la órbita de la Justicia Nacional «porque la situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad es cada día más grave».
Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política Criminal y Violencia en el encierro del CELS, dijo a Clarín: «Las personas que están detenidas en estos lugares están en condiciones completamente indignas: en celdas oscuras, hacinadas, que duermen en el piso, celdas que no tienen baño, personas que pasan meses cumpliendo directamente la condena pero que pasan meses sin ver a su familia porque en estos lugares no hay espacio para recibir visitas».
Para Hofmann, el aumento de población carcelaria es multicausal. «Desde la implementación de la Ley de Flagrancia, la modificación de la Ley de Ejecución Penal, la actividad policial que cada vez aprehende más personas. Y una Justicia que automáticamente procesa todo lo que cae, sin tener una línea en racionalidad, hace que cada vez haya más gente detenida del ámbito de la CABA y se haya sobrepoblado el Servicio Penitenciario Federal», detalló.
Mientras en la Ciudad aseguraron que el SPF no da cupo para el traslado de detenidos, fuentes del Gobierno Nacional indicaron a Clarín que «el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la CABA están en contacto permanente y todas las semanas ingresan detenidos«.
Además, responsabilizaron a la Ciudad por la construcción de una cárcel que quedó paralizada. En 2018 el Ministerio de Justicia, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Ciudad firmaron un convenio que incluía la construcción de un establecimiento de 2.240 plazas dentro del Complejo de Marcos Paz.
«El problema estaría resuelto si la Ciudad hubiera finalizado la obra del nuevo complejo en Marcos Paz. El Ministerio de Justicia le transfirió el dinero y el predio para que lo construyan. Debían finalizarlo y entregarlo en diciembre de 2020. Esa obra se paralizó por decisión unilateral de la CABA. La CABA decide no tener servicio penitenciario propio, como tiene el resto de las jurisdicciones del país», cuestionaron.
Según Hofmann, la consecuencia de esta situación es «comisarías llenas de presos, en el medio de la Ciudad, lo que trae muchísimos problemas, para la misma Policía que debe pasar a cuidar y vigilar presos en vez de cumplir con sus tareas. Y pasan cosas como las que sucedieron con la fuga y tenés a 1.600 personas en situaciones indignas, lo que es completamente ilegal».
MG