La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) expresó su «preocupación» ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que deroga «una cantidad inédita de leyes» y solicitó que la norma se «someta al trámite legislativo correspondiente» y que «se respete la separación de Poderes» para que «no se avance en medidas que vulneren derechos».
«Las Defensorías del Pueblo de todo el país exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos», pidió Adpra en un comunicado.
La entidad explicó que efectúa esta solicitud en tanto nuclea a Defensorías de la Argentina que tienen «la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales».
«Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresan su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes», subrayó la ADPRA .
Al respecto, la entidad argumentó que «el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación».
Además recordó que los DNU «no deben versar sobre derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos»; y señaló que diputados y senadores deben enfrentarse «a la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen».
«Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29», fundamentó la entidad en el documento.
En ese sentido, los Defensores del Pueblo sostuvieron que «resulta cuestionable» que el cambio normativo impulsado «cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos», en tanto están «constitucionalmente previstos como una excepción».
«La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país», remarcó ADPRA.