La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un abogado y a un policía que intentaron extorsionar a un detenido en la comisaría 4ª de la capital provincial exigiéndole dinero y cocaína a cambio de gestiones para su excarcelación, pese a que ese día se había dictado su libertad.
La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas impuestas al abogado Sebastián Gervasoni y al policía Martín Horacio Herrera por el delito de tentativa de extorsión agravada por ánimo de lucro y abuso de funciones. Ambos fueron sentenciados a 2 años y 8 meses de prisión condicional, con inhabilitación especial por el mismo período para ejercer su profesión o cargo.
El caso ocurrió el domingo 2 de julio de 2017 en la comisaría 4ª, ubicada en el barrio Roma de la capital provincial. Según la investigación, el policía Herrera le dijo a un detenido que su situación estaba “complicada” y le exigió dinero y una bolsa de cocaína a cambio de ser liberado, ocultándole que ese mismo día se había dispuesto judicialmente su libertad. Luego, el abogado Gervasoni se presentó en la comisaría, reiteró la exigencia y afirmó tener vínculos con fiscales y manejar a la Policía.
La pareja del detenido presenció la extorsión y entregó como garantía un teléfono celular y los papeles de una moto. Tras el acuerdo, el detenido recuperó la libertad. Al día siguiente, la víctima y su pareja denunciaron los hechos en el Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Mariela Jiménez tomó la denuncia y coordinó con Asuntos Internos de la Policía provincial una entrega controlada de dinero.
El martes de esa semana, al mediodía, la víctima y su pareja se contactaron con el policía, quien les indicó que hablaran con el abogado para acordar un punto de encuentro. Minutos antes de las 16:30, Gervasoni y el exdetenido se encontraron en Hernandarias y avenida Peñaloza. El abogado devolvió el celular y la documentación y recibió billetes marcados. En ese momento, Gervasoni fue detenido y se secuestraron el dinero y su automóvil.
El juicio oral se realizó en mayo de 2024 en la capital provincial. La defensa apeló la sentencia, y el camarista Roberto Prieu Mántaras la confirmó con una leve reducción en la pena. El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos, señaló que el juez rechazó los agravios de la defensa y destacó la “gravedad institucional del ilícito y su impacto en la confianza pública en las fuerzas de seguridad”.