El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar aproximadamente 70 leyes sancionadas entre 1864 y 2015, que según el ministro Federico Sturzenegger son inútiles, obsoletas o limitan libertades individuales.
El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que propone la derogación de alrededor de 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen libertades”, según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las normas fueron aprobadas durante gobiernos militares y gestiones constitucionales del siglo XX.
Sturzenegger detalló que entre las leyes a eliminar figuran aquellas que prohibían protestas, imponían penas de cárcel por defender derechos humanos en ámbitos internacionales o exigían un carnet de mochilero. “La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”, sostuvo el funcionario en un comunicado.
El ministro señaló que se apunta a eliminar normas que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”. A través de la red social X, agregó que se derogan leyes que “limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad”.
En la presentación, Sturzenegger advirtió “la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
El proyecto se basa en seis motivaciones: leyes superadas por normas posteriores; leyes obsoletas por avance tecnológico, económico o paso del tiempo; leyes que afectan libertades individuales; leyes cuya derogación implica desburocratización; normas que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y leyes sobre organismos para integrantes del Sector Público financiados con fondos públicos nacionales.
Entre las leyes mencionadas se encuentran la Ley N° 14.034 (1951), que impone prisión a argentinos que propicien sanciones contra el Estado; la Ley N° 20.120 (1973), que regula el derecho de reunión y obliga a dar aviso previo a la policía; y la Ley N° 20.802 (1974), que crea un carnet de mochilero obligatorio. También figuran la Ley N° 22.875 (1983) sobre medidas de defensa nacional y la Ley N° 27.171 (2015) sobre palomas mensajeras.
El proyecto incluye la derogación de leyes como la Ley N° 448 (1870), que otorga un premio por descubrir minas de carbón; la Ley N° 21.895 (1978), que autoriza emisiones de televisión en color; y la Ley N° 24.807 (1997), que crea la Federación Argentina de Municipios.