Un grupo de trabajadores de una aplicación de delivery realizó un paro y movilización en el centro de la ciudad para denunciar la desactivación masiva de cuentas, los bajos ingresos y la ausencia de canales de comunicación con la compañía.
Repartidores de una de las principales aplicaciones de pedidos en la ciudad de Santa Fe realizaron este viernes una protesta contra la plataforma en reclamo por la baja automática de cuentas, los bajos ingresos y la falta de respuestas ante problemas en la aplicación. Según denunciaron, alrededor de 50 trabajadores quedaron sin posibilidad de acceder a la app en los últimos dos meses debido a fallas surgidas por automatización de procesos del sistema.
Además, reclaman por la pérdida de ingresos y por la falta de interlocutores con la empresa, que tiene sede en Uruguay. Si no obtienen contestación, anticiparon nuevas medidas de fuerza para la próxima semana, lo que constituye un «paro de aplicación».
La medida consistió en un “paro de aplicación” entre las 11.30 y las 14 horas, una modalidad que busca afectar el funcionamiento de los pedidos y presionar, de esta manera, a la empresa para abrir instancias de negociación. Recorrieron en motos algunas calles céntricas y se concentraron en bulevar Gálvez y Pedro Vittori. Desde el sector anticiparon que, si no obtienen respuestas el lunes, repetirán la protesta el viernes por la noche.
Fernanda Fernández, repartidora de una aplicación, explicó a El Litoral que el principal reclamo apunta a la falta de interlocutores dentro de la empresa. “La empresa hace mucho tiempo que cortó los canales de diálogo, automatizó ciertas cuestiones de la aplicación que hacen que den de baja cuentas y que los errores de la app nos perjudiquen a nosotros”, señaló.
Según indicó, el sistema actual fija tiempos estimados de entrega que muchas veces son imposibles de cumplir. “Nos tocan pedidos muy del sur hasta el norte de la ciudad y tenemos que llegar en 7 minutos. Cualquiera que conozca Santa Fe sabe que eso es imposible, sea en moto y menos en bici”, afirmó.
Fernández sostuvo que, cuando el pedido no llega en el tiempo previsto, la aplicación cancela automáticamente el viaje y penaliza al repartidor. “Eso hace que nos den de baja la cuenta y no se puede volver a recuperar porque no tenemos canal de diálogo”, remarcó. E indicó que no hay intermediarios en Santa Fe sino que todo se maneja desde Uruguay para esta región, ni siquiera desde Argentina.
La trabajadora aseguró que unas 50 cuentas fueron desactivadas en apenas dos meses. “Son personas que no pueden trabajar y muchos no tienen otra alternativa. Y una vez que la aplicación te desvinculó, no te podés volver a inscribir”, advirtió.
Mientras esperan respuestas de la empresa, los trabajadores presentaron reclamos formales mediante “tickets digitales” solicitando la restitución de las cuentas dadas de baja.
Reclamo por los bajos ingresos
Otro de los ejes de la protesta es el nivel de ingresos que perciben actualmente los repartidores. Fernández indicó que la tarifa por entrega ronda los 873 pesos y denunció que las actualizaciones son mínimas. “Hace tres semanas nos aumentaron 5 pesos”, cuestionó.
Además, aseguró que la caída del consumo y la cantidad de repartidores activos redujeron notablemente las ganancias. Como ejemplo, contó el caso de un trabajador que realizó 20 pedidos en una jornada de 8 horas y ganó cerca de 21 mil pesos. “No es nada. Entre la nafta y el desgaste, económicamente, no rinde salir a cadetear”, afirmó.
Según estimó, en la ciudad habría unos 2.000 repartidores trabajando sólo para esta plataforma. La protesta, aclaró, busca hacer un llamado de atención a la empresa sin afectar deliberadamente a usuarios ni a los comercios. “No queremos perjudicar ni a los locales ni a los usuarios, porque son los que sostienen nuestra economía. Pero no tenemos otra medida porque no hay canal de diálogo”, explicó Fernández.
También cuestionó las comisiones que la aplicación cobra a los comercios adheridos. “A los locales les quitan el 35% de cada venta, mientras que a nosotros nos pagan muy poco”, sostuvo.
Seguridad y robos
Fernández también aseguró que continúan los problemas de inseguridad para quienes trabajan en la calle y recordó que todavía esperan la implementación efectiva de una ley provincial vinculada a la protección de repartidores.
“La realidad es que nos siguen robando”, expresó. Como ejemplo, relató que el último fin de semana recibieron alertas sobre delincuentes que utilizaban mochilas de delivery para cometer robos. “Había dos personas en una moto robando con una mochila de la aplicación y la Policía nos empezó a parar a todos. Ahí nos comunicaron lo que estaba ocurriendo”, contó.
La repartidora remarcó además el impacto económico que implica perder una moto o herramientas de trabajo. “Hoy una moto no se puede adquirir fácilmente. Antes salía 100 mil pesos y ahora vale más de un millón”, señaló.
En paralelo, los repartidores continúan reclamando la aplicación efectiva de la Ley provincial 14.362, que creó el sistema de Monitoreo Informático Permanente (MIP) para trabajadores de plataformas de delivery mediante geolocalización GPS y botón antipánico. La norma había sido aprobada por la Legislatura santafesina el 28 de noviembre de 2024, aunque luego fue parcialmente vetada por el Poder Ejecutivo provincial a través del decreto 2880/24.
Las observaciones apuntaron principalmente a los artículos 1 y 2, incorporando modificaciones para ampliar los sistemas de geolocalización posibles y dejar en manos del Ejecutivo la definición de la autoridad de aplicación. Finalmente, ambas cámaras legislativas aceptaron las enmiendas propuestas por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ley fue promulgada el 26 de mayo de 2025 mediante el decreto 1051.
Según el testimonio de los trabajadores, las herramientas de monitoreo, asistencia y alerta previstas siguen sin funcionar en la práctica.