Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto Archivo
Los gremios que agrupan a los trabajadores de la recientemente disuelta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana realizaron un paro de actividades con un apagón informático durante tres días consecutivos. La medida se lleva a cabo miércoles, jueves y viernes durante dos horas.
Hoy, el paro afectó el funcionamiento de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), interrumpiendo los servicios de emisión de documentos aduaneros, fiscalización y gestión de permisos, lo cual generará un cuello de botella en los puertos y puntos de entrada clave y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se registraron demoras.
En paralelo, fuentes gremiales aseguraron que se están evaluando otras medidas, tras pedidos de la asamblea de convocar a un paro general. Se encuentran en estado de «alerta y movilización permanente».
La decisión la tomaron en una asamblea general en repudio a la decisión del Ejecutivo, que generará más de 3000 despidos en el organismo, tras la disolución de la AFIP y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, con la medida se redujeron un 45% los cargos superiores y un 31% los inferiores.
El apagón informático, que paralizará los sistemas de gestión digital, afectará directamente a las plataformas de despacho y control de cargas, con la posible consecuencia de generar dificultades para muchos contenedores y camiones que pueden quedar a la espera de la reanudación de actividades.
Como consecuencia, los exportadores podrían percibir un aumento en los costos logísticos debido a las demoras en los trámites, la congestión en puertos y centros de distribución, y la necesidad de reprogramar embarques y entregas.
Empresas del sector anticipan complicaciones que podrían derivar en incumplimientos de contratos internacionales y en la imposición de multas por parte de sus socios comerciales. Las demoras generadas por estas medidas de fuerza podrían tener repercusiones a largo plazo, afectando la confianza de los clientes en la capacidad de respuesta del comercio exterior argentino.
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