La Agencia Nacional de Puertos oficializó la precalificación técnica de las firmas Jan de Nul y DEME para la modernización y mantenimiento de la vía navegable, clave para las exportaciones argentinas. La apertura de ofertas económicas será este miércoles.
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), formalizó este martes el cierre de la etapa técnica de la licitación para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía). Mediante la Resolución 21/2026, se confirmó que dos de los tres oferentes originales superaron los requisitos y pasan a la instancia económica: el consorcio Jan de Nul N.V. – Servimagnus S.A. (actual operador) y la firma Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), ambas de origen belga.
Por el contrario, la oferta de la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta, según detalla la resolución oficial.
El proceso también registró un incidente. La firma DEME presentó una objeción al dictamen de la Comisión Evaluadora, pero la ANPYN la rechazó «in límine» por falta del aval económico necesario para impugnar y por considerarla extemporánea, ya que la etapa de observaciones había concluido. El organismo argumentó que apartarse de las normas licitatorias «traería aparejada una decisión viciada de nulidad».
Con la etapa técnica resuelta, el foco ahora está en los costos. La ANPYN fijó para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13 horas, la apertura del Sobre N° 2, que contiene las ofertas económicas. En esta instancia se definirá qué consorcio ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan esta ruta, por la que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
El proceso de licitación es monitoreado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó en mesas de diálogo previas para garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión, regida por la Ley N° 17.520.