Durante un foro empresarial, el Ministro de Salud se refirió a los desafíos estructurales de la obra social para jubilados. Sus declaraciones se dan en un contexto de ajuste presupuestario y reclamos del sector médico.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió a la situación que atraviesa el PAMI durante su participación en la AmCham Summit 2026, un evento organizado por compañías estadounidenses que operan en el país. El funcionario señaló que la obra social debe atender a cerca de un millón de afiliados mayores de 80 años, una franja etaria que, según su análisis, representa una carga significativa para la estructura de costos del sistema.
Estas declaraciones se producen en medio de un paro de 72 horas de los médicos de cabecera del PAMI por atrasos en los pagos, y de reclamos por una reducción en el valor de las consultas y demoras en la entrega de medicamentos a través de programas como Remediar.
La situación financiera de la obra social ha sido objeto de análisis en las últimas semanas. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que los gastos para prestaciones del PAMI cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. El documento también indica una disminución en la asistencia financiera por parte del Tesoro Nacional.
El análisis de la OPC precisa: «En marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando recibió $0,2 billones. En suma, en el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $0,5 billones de transferencias provenientes de ANSES, en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de los jubilados y pensionados, y $0,2 billones en concepto de asistencia financiera por parte del Tesoro del mes de febrero».
Las declaraciones del ministro Lugones han generado reacciones y recuerdan, por su temática vinculada a los adultos mayores, a polémicas anteriores dentro del gobierno, como las de la entonces canciller Diana Mondino en 2024, quien había cuestionado el otorgamiento de créditos a jubilados argumentando cuestiones vinculadas a la expectativa de vida.