Una ONG que cultiva cannabis medicinal denuncia que le decomisaron miles de plantas en un operativo irregular

El municipio de San Isidro decomisó miles de plantas de cannabis medicinal de una organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes oncológicos, con cuadros de epilepsia, personas con autismo y patologías de dolor, entre otras. Desde la ONG aseguran que hubo “un sinfín de irregularidades” en el operativo y denunciaron a un funcionario por “amenazas”. Mientras que desde el municipio aseguran que la organización no contaba con una habilitación local.

“Vinieron los empleados del municipio en patota, con un camión de basura, amenazaron al presidente de la organización y se llevaron las plantas en bolsas, para después quemarlas en el cementerio sin una orden de allanamiento. Con esta payasada que montaron, dejaron a 150 pacientes sin tratamiento”, expresó el abogado Juan Palomino, representante legal de la ONG Superfly Cannabis Medicinal.

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La organización, según confirmó el letrado a TN, cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud que se rige bajo la ley de cannabis medicinal 27.350, que avala el cultivo para tratar a 150 pacientes por el término de 4 años, con posibilidades de renovación.

Además, cuestionó el accionar del gobierno de San Isidro que, por medio del Juzgado de Faltas N°1, ordenó la clausura y el decomiso de todas las plantas que iban a ser entregadas a las personas que llevan a cabo su tratamiento y que confiaron el cultivo a la ONG. En tanto, desde el municipio aseguran que el procedimiento fue correcto y lo hicieron para “hacer cumplir la ley”.

Todo comenzó a partir de la denuncia de una vecina del barrio de la zona residencial de Martínez, que manifestó que en una de las viviendas se estaba cultivando marihuana. La denuncia no prosperó en la Justicia penal, pero el dato llegó a la comuna y decidieron intervenir civilmente. De esta forma, se inició un expediente en el juzgado del magistrado Andrés Rolón.

Así fue el decomiso en la ONG de cannabis medicinal.

El viernes pasado, la organización recibió la inesperada visita de 15 empleados municipales que aseguraban que debían entrar a la vivienda para retirar las plantas. El presidente de la ONG, Jorge Galloso, se negó a que ingresaran, ya que no contaban con una orden de allanamiento. Ese día se fueron, pero volvieron al día siguiente a las 7.30 de la mañana con un pedido de decomiso.

“Acá tenemos un cerrajero. Voy a entrar por las buenas o por las malas. Te voy a tirar la puerta abajo, con o sin consentimiento”, le habría dicho un funcionario municipal de San Isidro, según la denuncia que presentó el titular de la organización ante la Justicia. “Me sentí intimado y amenazado”, aseguró Galloso en la presentación a la que accedió TN.

Los abogados de la federación de Clubes Cannabicos de la Argentina (FeCCA), Juan Palomino y Alejandro Maronna, estaban presentes y le explicaron que “lo que querían decomisar ilegalmente era medicina para pacientes con patologías”, registrados en REPROCANN, que estaban “atentando contra la salud de las personas” y que existía una presentación judicial esperando una resolución la semana que viene.

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“Ante la posibilidad de perder todo, el presidente los dejó entrar, pero el propio Aon se comprometió a cuidar todas las luces y máquinas que se usan para el cultivo, que son costosas y además difíciles de conseguir en nuestro país. Dijo que solo se llevaría las plantas”, contó Palomino.

“Filmamos todo porque el procedimiento fue raro desde un principio. El presidente firmó el acta en disconformidad, ya que sostiene que se llevaron más de mil plantas, como dicen la gacetilla del municipio. Fue todo muy vergonzoso. Vino gente que no estaba capacitada para esto. Hay un sinfín de irregularidades que ya lo denunciamos ante la Justicia. Es una payasada”, aseguró el abogado.

El letrado también criticó el accionar del gobierno, que decidió quemar las plantas en el cementerio local sin un aval judicial. “No se hizo la pericia cromatológica, tampoco se esperó a la resolución de nuestra apelación a la demanda civil. Acá se cometió una burda aberración jurídica”, opinó.

“La ONG tenía pensado mudar las salas de cultivo en tres meses ante la queja del municipio por no tener habilitación, pero entendemos que no es necesario porque no es una empresa, no se dedican a comerciar, es una organización sin fines de lucro, a la que el Ministerio de Salud le dio el reconocimiento, ya que cultiva para pacientes y tiene justificada cada planta que tiene a cargo”, dijo Palomino.

En ese sentido, contó detalles y cómo funciona el REPROCANN. “Este permiso le autoriza a los pacientes a acceder al cannabis de tres maneras: pueden cultivar para sí mismos, pueden pedirles a algún familiar o amigo que lo hagan por ellos, o le pueden solicitar a una ONG. Cada paciente hace su aporte para suplir los gastos que esto conlleva, pero no se comercializa”, explicó.

“Los pacientes ahora están preocupados, nos preguntan qué va a pasar con su tratamiento. Con esta medida arbitraria que tomó el municipio, no vamos a poder recuperar esas plantas porque ya las quemaron, eso ya se perdió todo”, reconoció.

La versión del municipio de San Isidro que realizó el decomiso

Según fuentes del gobierno de San Isidro, Superfly Cannabis Medicinal estaba constituida como “una empresa” que funcionaba en una zona residencial de Martínez “sin habilitación municipal”. Por ese motivo, se llevó a cabo el decomiso con el aval del Tribunal de Faltas del Juzgado N°1.

El operativo se hizo por parte del personal de Seguridad, Inspección General y Espacio Público del municipio, donde “desmantelaron un vivero de una empresa que estaba destinado a la siembra de cannabis de diferentes especies con alta concentración de THC”.

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“La empresa tenía más de mil plantas de marihuana y operaba sin permiso ni habilitación municipal en una zona residencial. Esto se logró tras dos meses de investigación y seguimiento”, añadieron en el comunicado oficial.

Además, explicaron que se le dio diez días para retirar las plantas del lugar, con una orden emitida el 1 de marzo. “Esta sentencia se dio habiendo transcurrido el plazo otorgado por la Justicia”, detallaron.

“Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley. El compromiso que asumimos de trabajar junto a las autoridades judiciales y demás fuerzas nos permite llevarles tranquilidad y seguridad a los sanisidrenses”, aseguró el intendente Ramón Lanús.