La crisis en el suministro de agua potable en La Calera sumó un nuevo capítulo político tras la denuncia presentada contra el intendente Fernando Rambaldi por presunta malversación de fondos. El planteo surge en un contexto de restricciones en el servicio que afectan a toda la ciudad y que, según estimaciones oficiales, podrían extenderse al menos por 24 horas.
Desde la oposición, Analia Marcos, una concejala radical, advirtió sobre una deuda cercana a los 800 millones de pesos vinculada al servicio de agua y pidió explicaciones sobre el destino de los recursos municipales. Además, cuestionó la administración de las tasas que abonan los vecinos y vinculó la situación con un pedido de aumento del servicio que será tratado en el Concejo Deliberante.
En paralelo, Fernando Rambaldi explicó en diálogo con Radio Mitre que el problema responde a fallas en el sistema de provisión de agua, a cargo de una sociedad anónima de cooperativas que opera la planta potabilizadora. “Hoy tengo 50.000 vecinos sin agua potable”, afirmó.
El intendente detalló que la interrupción se originó por la rotura de un caño durante tareas de mantenimiento en el sistema de captación, lo que dejó sin suministro a la planta. “No nos entregan el agua potable que pagamos”, sostuvo, y apuntó contra la empresa por la falta de previsión y comunicación.
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En ese marco, también cuestionó decisiones estructurales que, según indicó, agravaron la situación. “La planta había sido construida para La Calera, pero con el tiempo se extendió a otras localidades y se sumó el crecimiento poblacional, lo que terminó en este sistema colapsado”, explicó.
Rambaldi agregó que el municipio enfrenta además un sistema de distribución “obsoleto” y un fuerte incremento en los costos del servicio. “Estamos hablando de un aumento del 2000% en el precio del metro cúbico en los últimos años”, señaló, y precisó que actualmente la ciudad paga cerca de 200 millones de pesos mensuales por el agua.
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Frente a la emergencia, el municipio activó un plan de contingencia con camiones cisterna para abastecer a los vecinos, priorizando hospitales, escuelas y sectores críticos. “Le pedimos a la gente que tenga paciencia”, expresó, al tiempo que confirmó que se iniciaron acciones legales contra la empresa prestataria.