«El nivel de delirio es astronómico. Fin», posteó Manuel Adorni, fiel a su estilo, en su cuenta personal de X. El funcionario libertario acompañó el mensaje con un fragmento de una transmision del canal C5N en la que se observa a la periodista Nancy Pazos encadenada al lado de las vallas del Congreso Nacional.
En las imágenes se observa a la comunicadora encadenada frente a cámara, como una forma de protesta contra la reforma laboral propuesta por el gobierno libertario. La administración de Javier Milei avanza en el Congreso con una reconfiguración profunda del derecho laboral que, además de redefinir la relación entre empleadores y trabajadores, incluye la eliminación de normas históricas que regulan algunas profesiones.
Entre las más discutidas figura la supresión del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), vigente desde 1946 y concebido como pilar de las condiciones de trabajo y de las garantías de quienes ejercen el oficio de informar. En el artículo 194 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso incorpora la derogación de la ley que estableció no solo categorías, escalafones y régimen de indemnizaciones diferenciadas para los trabajadores de prensa, sino también un marco legal específico para proteger la libertad de expresión y el pensamiento periodístico.
Su eliminación implica que la actividad profesional de los periodistas pase a regirse únicamente por las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo, sin las salvaguardias particulares históricamente reconocidas. Sectores sindicales y organizaciones de prensa han reaccionado con alarma. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) denunció que la reforma representa “un ataque directo” al trabajo periodístico. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), se advirtió que la eliminación del estatuto deja a los periodistas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a empleadores y potenciales presiones políticas o económicas.
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que agrupa a más de 600.000 profesionales en 146 países, se sumó al rechazo y advirtió sobre un “grave retroceso en derechos laborales fundamentales”, reclamando a los legisladores que garanticen el respeto tanto del Estatuto del Periodista como de las normas laborales consagradas en el derecho nacional e internacional.
Críticos de la iniciativa sostienen que la supresión del estatuto no solo afecta condiciones materiales de empleo —como indemnizaciones diferenciadas o escalafones profesionales—, sino que también erosiona uno de los marcos normativos que dan soporte institucional a la libertad de prensa. La ley, recuerdan, fue concebida en un contexto histórico en que se buscaba proteger al periodismo de presiones corporativas y estatales; su eliminación, señalan, podría acentuar la precarización y la exposición de quienes investigan, reportan y fiscalizan al poder.
El Gobierno sostiene que la reforma laboral es una modernización necesaria para combatir la informalidad y dinamizar la economía, y niega que la eliminación de estatutos profesionales tenga impacto sobre los derechos básicos de los trabajadores. Sin embargo, el debate se da en un clima de fuerte polarización: la votación en el Senado, en el que el oficialismo resultó victorioso, tuvo lugar entre intensas discusiones y protestas en las puertas del Congreso.