El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) lanzó una dura advertencia sobre la situación del sistema de justicia federal argentino, al señalar que desde este lunes se encuentra completamente acéfalo. La alerta fue difundida a través del documento institucional titulado “La acefalía del sistema de justicia federal”, en el que se describe un escenario de extrema gravedad institucional sin precedentes en la historia democrática reciente.
Este centro de estudios lo preside el reconocido penalista Alberto Binder y lo integran juristas de renombre como Eugenio Zaffaroni o los rosarinos Héctor Superti, Víctor Corvalán y el fiscal Sebastián Narvaja. Su trabajo pone de relieve que con el vencimiento del mandato de la Defensora General de la Nación, ocurrido el lunes, las máximas autoridades de los cuatro organismos centrales del sistema de justicia federal –junto con otros dos directamente vinculados a su funcionamiento– se encuentran vacantes, ocupadas por interinatos prolongados o en situaciones de irregularidad. De este modo, Argentina inicia el año judicial 2026 con un entramado institucional debilitado y sin conducción plena.
El diagnóstico presentado por la organización es contundente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona con solo tres de los cinco miembros que le corresponden; la Procuración General de la Nación permanece bajo un interinato desde hace ocho años; la Defensoría General de la Nación quedó en situación de interinidad desde este lunes con la salida de Stella Maris Martínez, en funciones desde 2006; la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante desde 2009; la Procuración Penitenciaria de la Nación se encuentra en interinato desde 2023; y el Consejo de la Magistratura opera con una composición irregular debido al incumplimiento del Congreso Nacional.
A este panorama se suma un dato estructural alarmante: el 33% de los cargos del Poder Judicial de la Nación se encuentra vacante, mientras que en el Ministerio Público Fiscal la cifra supera el 40%. Para el Inecip, este cuadro no solo compromete el funcionamiento cotidiano de la justicia, sino que pone en riesgo el equilibrio democrático y el Estado de Derecho.
Lejos de tratarse de una crisis repentina, el documento sostiene que la acefalía es el resultado de un deterioro institucional sostenido durante más de quince años, que atravesó cuatro gobiernos de distintos signos políticos. “Las vacantes prolongadas, los interinatos eternizados y el incumplimiento de mandatos constitucionales se convirtieron en una forma habitual –y peligrosa– de gestionar la justicia federal”, advierte el informe.
El texto reconstruye una cronología del proceso: la Defensoría del Pueblo quedó vacante en 2009; la Procuración General entró en interinato en 2018; la Corte Suprema redujo su integración tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024; y el Consejo de la Magistratura continúa funcionando bajo una ley derogada hace dos décadas, luego de que el Congreso incumpliera el plazo fijado por la propia Corte para sancionar una nueva norma.
Desde el Inecip subrayan que la acefalía judicial no es un problema técnico ni corporativo, sino una cuestión con consecuencias directas sobre la vida democrática. Entre ellas, señalan el debilitamiento de los controles al poder político y económico, el aumento de la impunidad del crimen organizado y los mercados ilegales, la pérdida de derechos y garantías para víctimas, personas imputadas y privadas de libertad, y la erosión de la seguridad jurídica.
El informe también advierte sobre el impacto económico e internacional de esta situación. La falta de un sistema judicial independiente y fortalecido, señalan, afecta la inserción de Argentina en el mundo, la atracción de inversiones y el cumplimiento de estándares exigidos por organismos internacionales. “La debilidad judicial no es compatible con el desarrollo económico ni con la integración internacional”, remarcan.
Como salida al laberinto institucional, el Inecip plantea dos condiciones básicas: la postulación de candidaturas intachables, con idoneidad técnica, trayectoria e integridad suficientes para generar consensos amplios, y la implementación de procesos de designación transparentes, abiertos y participativos. En ese marco, el instituto cuestionó las viejas prácticas de negociación opaca y alertó que intentos recientes de designaciones por decreto evidencian el agotamiento de esas estrategias.
Finalmente, el documento se presenta como una alerta institucional y como un punto de partida para monitorear activamente durante 2026 cada proceso de nombramiento judicial. “La dirigencia política debe asumir esta agenda como una prioridad constitucional”, concluye el Inecip, y demostrar que está a la altura de la gravedad del momento.