Una denuncia elevada dentro de la estructura militar argentina encendió una alerta ambiental en la Base Antártica Conjunta Petrel, donde se investigan posibles prácticas prohibidas en materia de manejo de residuos y combustibles, en un territorio regido por estrictas normas internacionales de protección ambiental.
La investigación fue abierta por el Comando Conjunto Antártico, luego de que el segundo jefe de la base elevara un memorando al Estado Mayor Conjunto el 10 de enero, en el que se describen presuntas irregularidades atribuidas al jefe de la instalación, el capitán de fragata Cristian Gabriel De Gregori.
Entre los hechos denunciados figura la eliminación de remanentes de combustibles como JP1, nafta y gasoil, además de aceites lubricantes, mediante vertido y quema en superficie, una práctica que, de confirmarse, podría provocar contaminación del suelo, afectar a la fauna local y dañar la biodiversidad antártica.
El informe también señala la quema a cielo abierto de residuos peligrosos, incluidos combustibles, plásticos y otros materiales, una conducta expresamente prohibida por el Protocolo de Madrid al Tratado Antártico, vigente desde 1998 y de cumplimiento obligatorio para Argentina.
A estas acusaciones se suma la incineración no controlada de residuos diversos, como víveres vencidos y materiales de construcción, lo que contravendría las obligaciones internacionales que exigen la evacuación y tratamiento de desechos fuera del continente, dada la fragilidad extrema del ecosistema antártico.
El memorando interno también advierte sobre un clima laboral tenso y situaciones de maltrato verbal hacia el personal, un aspecto especialmente sensible en un contexto de aislamiento prolongado, donde la conducción y el cumplimiento de normas resultan clave para resguardar tanto la integridad humana como el entorno natural.
El caso es analizado ahora por las autoridades militares y del sistema antártico argentino, que deberán determinar si existieron incumplimientos normativos y eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias, en un escenario que vuelve a exponer debilidades en los mecanismos de control estatal.
La situación adquiere además una dimensión política, ya que la Antártida es observada de manera permanente por las partes firmantes del Tratado Antártico, y cualquier incumplimiento puede derivar en cuestionamientos internacionales, en momentos en que el gobierno de Javier Milei impulsa una fuerte retracción del rol del Estado y de sus estructuras de supervisión.
El continente blanco se rige por un entramado jurídico internacional que prioriza la preservación ambiental, obligando a los países con presencia allí a mantener estándares elevados de gestión, un compromiso que vuelve a quedar bajo la lupa tras esta denuncia interna en una base argentina.