El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la exministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
Cormick sostuvo en el fallo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
El juez consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretada como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.
Protestas callejeras
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquetes habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la ley de inteligencia nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
Represión sin distinciones
En tanto, el magistrado detalló que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al gobierno a cumplir con lo dispuesto en la ley de financiamiento universitario.