Durante dos jornadas, este jueves y viernes se llevó adelante la audiencia imputativa contra Luis Herrera y su familia: el financista, de 66 años, llegó acusado por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, desobediencia a una orden judicial, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito en concurso real; administración fraudulenta y estafa en concurso real en calidad de autor. En tanto, sus hijos Ignacio, de 42 años, y Diego, de 36, fueron acusados por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, administración fraudulenta y estafa en concurso real como participes primarios. Y Marcela Fernández, de 67 años y esposa de Herrera, quedó imputada como miembro de una asociación ilícita. La jueza de primera instancia Paula Álvarez tuvo por formulada imputativa e hizo lugar a lo peticionado por la Fiscalia, dictando para el padre y sus hijos prisión preventiva de cumplimiento efectivo por el plazo de 6 meses, en tanto que Fernández no cumplirá una medida privativa de su libertad.
El fiscal Miguel Moreno condensó en el extenso trámite judicial la investigación que desembocó, esta semana, en el arresto del empresario y su familia. Le atribuyó a Luis Herrera, Ignacio Herrera, Diego Herrera y Marcela Fernández el haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo, que comenzó a operar promediando el año 2017, destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, junto a otras personas aún no individualizadas.
Desde tiempo atrás, valiéndose de la estructura de la sociedad –oficinas, autoridades, empleados, reconocimiento público– se procedía a la captación de inversores indeterminados, cuyos fondos eran administrados con el objeto de aplicarlos a negocios financieros o económicos. Pero parte del dinero administrado, a partir de 2017 dejó de ser aplicado a las inversiones prometidas (Chicago Board of Trade), y empezó a fluir a “otro tipo de inversiones que tornaron incierto el destino de los fondos”, reconstruyó el fiscal.
Moreno marcó que pese a los desvíos, “el sistema de administración para inversión continuó funcionando”. Pero a mediados de 2020, en plena pandemia, la devolución de fondos –rentabilidad y capital– se fue discontinuando, y finalmente en septiembre de 2021 cesó por completo.
“No sólo la entrega de dinero, sino también la rendición de cuentas y cualquier tipo de información respecto de la suerte de sus inversiones”, describió Moreno, marcando que así la sociedad cometía una violación de deberes, “perjudicando los intereses que les fueron confiados”.
Para entonces, la sociedad de inversiones había mutado en esquema Ponzi: “A partir de 2021, y siempre valiéndose de la estructura de una sociedad anónima, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya que los fondos obtenidos en esta etapa eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa, con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros generando en las víctimas el consecuente perjuicio patrimonial”, explicó el fiscal.
En ambas etapas, el dinero de los inversores/víctimas se invertiría en el mercado de futuros de Chicago, denominado “Chicago Board of Trade” En la primera etapa, a partir de 2017 se detectaron inversiones con destino diferente al prometido. En la segunda etapa, las inversiones no existieron, detalló el funcionario judicial.
Herrera se apoyó en su imagen y su trayectoria como conocedor de los mercados financieros para tentar a inversores. La Fiscalía destacó que las víctimas tuvieron total confianza en el empresario y que las entregas de dinero se concretaban con intervención del personal de la empresa, en oficinas que daban sustento a la imagen de solidez. En un principio estaban en Córdoba al 1400 y después en Rioja al 1400. El montaje, según la Fiscalía era clave para fortalecer la confianza durante la primera etapa, “y la estratagema (en la segunda) a partir de la buen reputación de la que gozaba” Herrera.
“Otra manera de captación de dinero de las víctimas que se ha relevado, era a través de contratos de mutuo, en los que el mutuante era inducido a realizar la disposición patrimonial bajo pretexto de que sería aplicada por la sociedad a negocios financieros o productivos que generarían una renta. Esta sería, a futuro, su ganancia. Pero no: “Todas las inversiones –las que comenzaron siendo administradas de manera regular y las obtenidas mediante ardid– se aplicaban a un sistema de defraudación conocido como estafa piramidal o sistema Ponzi”, marcó el fiscal Moreno. “La modalidad de este sistema radica en que una persona física o jurídica ofrece una alta rentabilidad a los inversores. En razón de esa oferta consigue fácilmente convencer a la clientela para que le preste o entregue capital para ser invertido, y los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La maniobra funciona hasta que deja de entrar dinero debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otra razón: en ese momento se desmorona el entramado y deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido”, continuó.
Moreno también apunto que los imputados, en septiembre de 2021, violando los deberes a su cargo y abusando de la confianza de la clientela de la sociedad como agente de liquidación y compensación en el manejo de los fondos confiados, “con el fin de procurar un lucro para sí o para un tercero, perjudicaron los intereses económicos” de los inversores. “En este caso, la acción delictiva consistió en la sustracción de los fondos líquidos existentes en las cuentas comitentes, perjudicando económicamente a las víctimas. Al 21 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores constató un faltante monetario de las cuentas comitentes, el cual ascendía a 793.000 dólares y 77.123.800 pesos, encontrándose todavía en proceso, la identificación de damnificados”.
A partir del año 2017 como consecuencia del desvío de fondos que se venían administrando de manera regular y a partir de 2021 de los captados se advirtieron una serie de adquisiciones (conversiones) y transferencias de bienes, por parte de los integrantes acusados, que han tenido por objeto la conversión y puesta en circulación del dinero y de las divisas provenientes de las defraudaciones cometidas, con la consecuencia posible de que los bienes subrogantes adquiriesen la apariencia de un origen lícito. Con el mismo propósito, se utilizó dos compañías -constituidas y dirigidas por integrantes de la familia imputada.
Roles distribuidos: qué papel cumplía cada uno
La Fiscalía sindicó a Luis Herrera como jefe y organizador de una asociación ilícita en la que devino una sociedad anónima de la que era presidente, y tenía oficinas constituidas en el centro rosarino. Su esposa era la vicepresidenta, en tanto que sus hijos Ignacio y Diego se desempeñaban como director suplente el primero y responsable de operaciones de la sociedad de Bolsa el segundo. Una vez cometidos los desvíos de fondos, constituida la pirámide y abonado rentabilidades altas a inversores primarios con el dinero de nuevos cotizantes –lo que hace crecer la base por los tentadores beneficios ostentados por los primeros– cuando la rueda se detuvo, Herrera solicitó la quiebra ante la Justicia Civil y Comercial, “con el objeto de consolidar el provecho de los delitos”.
Según relató el fiscal Moreno, el financista “puso al servicio de la empresa criminal su conocimiento del rubro, el prestigio y la consideración que tenían para con él quienes trabajaban en el ambiente del mercado de capitales, sus conocimientos técnicos, su imagen y su capacidad de persuasión”.
“A su vez, dirigía las operaciones en lo que se denominó Luis A. H Futuro y Opciones, ejerciendo el control de las diferentes acciones que realizaban los miembros de la organización, a la postre su mujer y dos de sus hijos”, completó.
Marcela Fernández, como vicepresidenta de la sociedad anónima, “con las responsabilidades que ello acarrea”, no cumplió con sus deberes de tal y actuó, en cambio, “en perjuicio de las víctimas, con cabal conocimiento y voluntad de ello”.
Los hijos, marcó el fiscal, “se alternaban en la atención de las víctimas de manera personal, telefónica o electrónica, informándoles sobre las bondades de los negocios financieros que proponían, o enviándoles informes de saldos y utilidades, con el objeto de mantener a las víctimas en el error de entender que sus fondos eran administrados de manera regular”.
Su papel no fue menos clave: “Cuando la malversación sobrevino los dos cobraron protagonismo casi exclusivo en pos de intentar justificarla –y así continuar distrayendo a las víctimas– brindándoles explicaciones de macroeconomía ininteligibles” para quienes las escuchaban y que además “ninguna relación tenían con la desaparición de sus activos”. La intención de mantener en el error a las víctimas, según el fiscal, “tenía por objeto lograr la impunidad y así asegurar el beneficio criminal”.
Además, Moreno detalló el papel que también cumplieron tres empleadas de la empresa, que formaban parte de la “estructura administrativa y edilicia”. Según marcó, ellas tenían asignadas funciones de atención al público y cajera; no intervenían en el destino de los fondos recibidos, pero mantenían contacto con los clientes por diferentes a través de correos electrónicos, Whatsapp, teléfono y personalmente. Elaboraban las “liquidaciones”, documentos truchos que enviaban por correo electrónico cada dos meses o entregaban en papel en forma directa, y recibían dinero en efectivo en dólares y pesos de los clientes. También firmaban recibos por recepción de dinero, hacían cálculos de las supuestas rentabilidades generadas por inversiones de capital y explicaban a potenciales inversores la operatoria administrativa de la empresa Luis Herrera Futuro y Opciones, “más precisamente sobre cómo recibirían las liquidaciones bimestrales con su renta, sin especificar detalles sobre las inversiones a realizar en Chicago Board of Trade ni suministrando otro tipo de información sobre las cuestiones financieras de los fondos entregados”.
Cuando la rueda pasó su pico de ascenso y comenzó el declive, los miembros de la familia Herrera se encargaron de plantear “numerosas excusas falsas para no devolver el dinero” e instruyeron a las empleadas administrativas que tenían el contacto con los clientes “para que brindaran diferentes excusas a los fines de dilatar la explicación del destino de los fondos y/o la restitución de ellos”.
La magia de hacer aparecer y desaparecer plata
Según la Fiscalía, los Herrera fueron “integrando de diferentes maneras la estructura societaria de la propia sociedad y otras sociedades vinculadas”, y formaron parte de la organización de “un sistema informático para el registro de los clientes, que incluía la asignación de un número de comitente a cada cliente simulando la denominación utilizada por entidades que operan legítimamente”.
Es decir, fueron cumpliendo papeles clave:
- Ocultando activos.
- Realizando en algunos casos entregas de dinero en dólares, pesos y euros.
- Negándose a brindar explicaciones y/o restituir el dinero que estaban administrando teniendo a su cargo el cuidado de intereses ajenos y/o lo habían recibido sabiendo que no lo restituirían.
- Suscribiendo documentación simulada perjudicial.
“Las conductas descriptas se replicaban en mayor o menor medida en un conjunto de alrededor de 400 personas y conformaban la metodología para hacer desaparecer el dinero de todos aquellos quienes les habían confiado sus ahorros”, sostuvo el fiscal. Y agregó que la precisión de cada acción de los involucrados surge –y va a seguir– del análisis de la situación de cada víctima a partir de su denuncia y/o de los elementos que aporte a la investigación. “La característica de estas entregas de dinero en efectivo (mayoritariamente dólares estadounidenses) era que éste podía ser retirado en cualquier momento, requerimiento que se requería anticiparlo con un par de días y no más, para obtener “ya sea el total de lo que figuraba en las liquidaciones o bien una parte”.
“Este esquema funcionó, hasta que en el año 2020 clientes que comenzaron a solicitar por necesidades personales la restitución de su dinero, ya sea en todo o en parte, experimentaron dificultades en recibirlo o directamente no lo recibieron. Por el contrario, obtenían comunicaciones por diferentes vías con excusas acerca de la imposibilidad de su restitución”.
Sin embargo “paralelamente seguían recibiendo en sus correos electrónicos las liquidaciones bimensuales sin que se les notificara ningún tipo de dificultad económica de la asociación”, marcó la Fiscallía
La última liquidación enviada a los clientes fue en julio de 2021. “El ocultamiento de la real situación económica de la asociación puede corroborarse en la publicación de los estados contables intermedios del AlyC ( Agente de liquidación y compensación integral) de la sociedad anónima correspondiente al período 2021, en el cual se graficó una situación económica que no se correspondía con la realidad de la empresa, vulnerando de esta forma la seguridad en el tráfico jurídico del comercio y de la industria, específicamente a los acreedores y clientes (víctimas) de la empresa denunciada”, recreó el fiscal.
Y destacó que la omisión de la registración en el activo con relación al crédito expuesto los estados contables intermedios de fecha 30 de junio de 2021 que posee la suciedad anónima para con sus comitentes, “en realidad escondía una situación de confusión patrimonial de la mencionada sociedad con su socio y presidente del directorio Luis Alberto Herrera”.
“Tal como fuera determinado por la Comisión Nacional de Valores los saldos deudores de comitentes expuestos en la Nota de los Estados Contables intermedios de fecha 30 de junio de 2021, como así también en la memoria del sindico e informe realizado por contador publico, escondían una financiación del ALyC a Luis Herrera”, completó.
La familia Herrera fue imputada por una estafa piramidal millonaria y se fue a casa
Averiado y hundido
En la reconstrucción de la Fiscalía se le atribuye a Herrera, que entre el 21 de abril de 2020 y el 1º de noviembre de 2021, de manera previa al auto de quiebra dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, “llevó a cabo una serie de conductas consistentes en haber ocultado y sustraído de la masa de acreedores de su propia quiebra la suma total aproximada de 5.000.000, y, a su turno, entre el 17 de diciembre de 2023 y el 21 de mayo de 2024, luego de decretada su quiebra, violando los deberes a su cargo como fallido, y en fraude de la masa concursal, deliberadamente omitió dar cuenta y justificar de manera debida la existencia y salida, respectivamente, de dichos fondos, pese a haber sido intimado por la sindicatura del proceso falencial”.
Herrera y su familia ya habían sido detenidos e imputados por el esquema Ponzi por denuncias de los damnificados en 2022. Por entonces recuperaron la libertad con una fianza de 3 millones de pesos. Ahora la Fiscalía apunta que, una vez libres, completaron las maniobras fraudulentas para ir cerrando distintos episodios: por entonces los casos de defraudaciones sumaban 87, y ahora con las nuevas denuncias superan los 400. Por ello, con la nueva imputación se resolvió la prisión preventiva efectiva, ya que también se dejó constancia de que Herrera y su familia desobedecieron una orden judicial que les imponía “la prohibición de disponer de cualquier fondo y/o beneficio y/o dividendo que posean en cualquier lugar del extranjero, sin previamente solicitar autorización”.
Todo lo contrario: en la investigación surgieron nuevas evidencias de que se hicieron operaciones “sobre dineros o fondos provenientes de las administraciones fraudulentas y estafas ya imputadas y por imputar”, es decir que la acusación le atribuyó a Herrera haber transferido y convertido flujos de dinero, poniéndolos en circulación en el mercado, “provenientes de ilícitos penales, con la consecuencia posible de que el origen de dichos fondos originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, constituyendo cada operación un ilícito independiente”.
“La circunstancia de que dichas operaciones hayan sido ocultadas a la Sindicatura del proceso de quiebra, resulta evidencia del dolo de lavado de activos, al no declarar la existencia de inversiones en el exterior”, marcó el fiscal Moreno, quien describió un “complejo entramado” para hacer desaparecer fondos confiados por ahorristas y hacer aparecer inversiones originadas en “sumas de dinero obtenidas merced a la comisión de ilícitos penales”.
“Con estas operaciones se destruye la trazabilidad del dinero que fuera despojado a sus víctimas, siendo sustituida por la opacidad respecto de la titularidad de dichos fondos”.
En tanto, “en relación a la imputación de quiebra fraudulenta y los pagos realizados desde diversas cuentas LLC (cuentas empresarias que corresponden a Sociedad de Responsabilidad Limitada de Estados Unidos), surgiría que el dinero fue destinado a la compra de inmuebles en la costa atlántica argentina”, reconstruyó el fiscal Moreno, en base a evidencia secuestrada en allanamientos.
El material permitió apreciar que en 99 días, entre el 19 de abril y el 1º de noviembre de 2021, se hicieron transferencias de la cuenta de Chase JP Morgan de titularidad de Luis Herrera e Ignacio Herrera a otras cuentas en el exterior: “El monto total de las transferencias asciende a 4.675.000 dólares”, con lo cual una cuenta se vació, mientras que por otro lado ingresaron a fondos de inversión y brokers financieros 1.535.000 dólares –“Con dichas transferencias se han perpetrado maniobras de ocultamiento de bienes que pertenecen a la masa de acreedores”, destacó el fiscal”– y a sociedades comerciales unos 3 millones de dólares. Con estas últimas transferencias “se han perpetrado maniobras de sustracción de bienes que pertenecen a la masa de acreedores”, agregó Moreno.
Con todo, en la anterior imputación a los Herrera se estimaba un pagadiós de unos 6 millones de dólares. Ahora se triplicó: el “perjuicio total relevado en la presente imputación” suma 12.491.670 dólares 42.939 euros y 418.717,15 pesos, los que sumados a la imputación anterior “determinan la suma total de 18.156.854 dólares y 77.365 euros”.