El gobierno de Javier Milei emitió una resolución publicada en el Boletín Oficial que ha generado una fuerte reacción negativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La normativa establece que se podrán asignar unidades retributivas adicionales a los funcionarios que consigan reducir su personal, lo que conlleva un aumento salarial para aquellos que implementen despidos.
Gobierno de Milei implementa aumento salarial para funcionarios que despiden empleados
La resolución, que fue publicada el miércoles, establece en su artículo 5° que «se podrán asignar unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores del régimen de Gabinete de Asesores» en función del ahorro presupuestario derivado de la reducción de personal.
Este proceso deberá contar con la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Unidad Retributiva: ¿qué es y cómo impacta la reducción de personal?
La Unidad Retributiva (UR) tenía un valor de $783 en diciembre, según la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). En el caso de la Secretaría de Trabajo, la cantidad de empleados disminuyó de 3600 a 2900, lo que implica una reducción de 700 puestos.
Esto podría equivaler a más de 64.000 Unidades Retributivas (UR) adicionales, lo que representaría cerca de $52 millones, los cuales se distribuirían entre los funcionarios de
El gobierno defiende la resolución, pero ATE la califica de ‘escandalosa’ y convoca protesta»
Desde el gobierno, la medida se presenta como parte de una estrategia para racionalizar el gasto público. Sin embargo, ATE ha calificado la resolución como «escandalosa«, argumentando que se premia a quienes contribuyen a la destrucción del Estado.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó: «Es un gobierno de mercenarios que paga a algunos funcionarios por despedir empleados».
En respuesta, ATE ha convocado una protesta para este jueves a las 12, con una concentración en la Secretaría de Trabajo y una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El sindicato también pide la renovación automática de más de 50.000 contratos que finalizan a fin de mes, así como la reapertura de las paritarias, argumentando que los salarios han quedado rezagados respecto a la inflación.
La normativa se pone en marcha en un contexto de alta tensión, dado que se anticipa una importante reducción de contratos en la administración pública. ATE ha señalado que el ahorro derivado de los despidos se utilizará para incrementar los salarios de los funcionarios de menor rango, una afirmación que ha sido rechazada por el Gobierno.
Desde el oficialismo, se justifica que la asignación de las unidades retributivas se fundamenta en el cumplimiento de objetivos de ajuste, y se afirma sin vergüenza que algunos funcionarios se benefician por los despidos de otros.
Según ATE, casi todos los empleados estatales aprobaron el examen de idoneidad del Gobierno nacional
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos de empleados estatales, informó que el 98% del personal evaluado por el Gobierno nacional pasó la prueba y reclama el pase a planta permanente de los aprobados que no están efectivizados en la nómina estatal.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó los exámenes de idoneidad en la administración pública nacional a pesar del rechazo de los dos gremios del sector.
«Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque rindieron todos bien», señaló Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, y exigió que no se implementen las evaluaciones en el resto del país.
Y agregó: «Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad«.
Los empleados tuvieron que obtener un turno para rendir. El sistema que dispuso el Gobierno les asignó un código con el que fueron identificados para preservar el anonimato de quien haya rendido el examen. La prueba consiste en un multiple choice.