Tres suboficiales de la Policía de Santa Fe aceptaron condenas en juicios abreviados por su participación en un esquema de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de móviles policiales.
La megacausa que investiga una red de corrupción dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó sus primeros condenados. Tres suboficiales de la Policía de Santa Fe declinaron este martes ante la acusación penal y aceptaron condenas en el marco de juicios abreviados, tras admitir su participación en el esquema de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de los móviles policiales.
La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la jueza Silvana Lamas González homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal de la causa, José Luis Caterina, y las defensas de los uniformados. Los condenados son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez, quienes accedieron a penas reducidas bajo la figura de imputados colaboradores, aportando información para el avance de la pesquisa.
Ramírez recibió tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo. López fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que Delgado recibió una pena de dos años y tres meses. Los tres deberán fijar domicilio, realizar presentaciones periódicas ante la Justicia y tienen prohibido mantener contacto con cualquier persona vinculada al expediente.
Estas condenas se enmarcan en una investigación más amplia. El fiscal Caterina presentó una acusación de más de 300 páginas contra otras 21 personas —19 policías y dos civiles— que formaban parte de una organización dedicada a inflar consumos, fraguar facturas y registrar cargas adulteradas de combustible que no ingresaba a los tanques de los patrulleros. El dinero, según la teoría del caso, retornaba en efectivo desde una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, administrada por la firma Gas Auto Tiferno.
Los investigadores cruzaron datos de antenas, realizaron seguimientos encubiertos y auditaron los dispositivos GPS de los móviles para comprobar que las planillas oficiales registraban consumos altísimos de patrulleros que permanecían inmóviles. Al momento de estallar el escándalo, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial estimó que la red de corrupción implicaba unos 45 millones de pesos mensuales. Tras ajustar los controles sobre el gasto de combustible, esa cifra se transformó en un ahorro de 60 millones de pesos por mes.
La acusación fiscal también revela que en la Jefatura funcionaba un sistema de sanciones informales conocido como “OGM” (“Oficina de Gestión de Multas”), manejado por el entorno de la Jefatura. Los subordinados que cometían errores en el circuito clandestino de recaudación o no cumplían las directivas debían pagar la falta a sus superiores con dinero en efectivo, bebidas alcohólicas premium o costillares de carne.
La expectativa principal de la causa está puesta en la audiencia preliminar al juicio oral, donde se definirá la situación del ex titular de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, considerado el jefe de la estructura criminal. La Fiscalía adelantó un pedido de pena de 12 años de prisión para Acosta. El pedido de condena más severo recayó sobre Rodrigo Domínguez, ex secretario privado de Acosta, para quien el fiscal Caterina solicita 14 años de cárcel efectiva por asociación ilícita, peculado y delitos económicos.
El subsecretario de Control de las fuerzas de seguridad, Lucas Covacich, solicitó formalmente la destitución de los policías involucrados. Para los tres suboficiales condenados el despido de la fuerza es inminente, mientras que en el caso del ex jefe Acosta —quien ya se encuentra retirado— se impulsó el cese definitivo del cobro de cualquier tipo de haber o beneficio por parte del Estado provincial.