La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe citó a unos 40 testigos para este jueves, en el marco de la investigación sobre la conducta del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros.
La suerte del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, quedará sellada este jueves cuando la Comisión de Acuerdos entreviste a unos testigos citados tanto por la acusación a cargo del diputado justicialista Marcos Corach, como por la defensa del magistrado.
La comisión legislativa entrevistará a unos 40 testigos ofrecidos por la acusación y por la defensa. El propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) instó a la investigación interna sobre la conducta del integrante del organismo.
Rodríguez y Barros está suspendido en el cargo por la propia Legislatura de la provincia de Santa Fe, que luego encargó a Corach profundizar la investigación sobre la conducta del fiscal. Entre otros hechos, se investiga que pretendió que una aseguradora le cubra el cambio de cubiertas de su vehículo por un supuesto sabotaje sufrido en el marco de una investigación.
Este martes, la Comisión de Acuerdos completó la notificación a los testigos que serán escuchados por la comisión, que ahora preside el senador Raúl Gramajo.
Luego, será el momento de emitir el o los dictámenes correspondientes para recomendar la votación a una sesión conjunta de senadores y de diputados, que deberán resolver si expulsan a Rodríguez y Barros, lo suspenden por un tiempo determinado o lo absuelven, permitiéndole retomar su tarea en la fiscalía de San Jorge, que forma parte de la Circunscripción N° 1.
En la Legislatura, la presentación de conductas de Rodríguez y Barros pasibles de ser sancionadas fue realizada por la propia Fiscalía Regional, que pidió a la Auditoría de Control de Gestión del MPA una investigación tras la denuncia del fiscal titular de San Jorge, Carlos Eduardo Zoppegni.
A finales de noviembre de 2025, la sesión conjunta de ambas cámaras resolvió suspender de forma preventiva a Rodríguez y Barros, aplicando además una reducción del 50% de su sueldo y la prohibición de ingresar a sedes del MPA.
La medida tuvo como motivo la denuncia que ahora investiga la Comisión de Acuerdos, a raíz de una presunta falsa denuncia por el robo de neumáticos de su vehículo particular para cobrar el seguro, sumado a otras acusaciones relativas a supuestas amenazas y uso indebido de sistemas judiciales.
El propio sindicato de trabajadores judiciales hizo una presentación ante el fiscal Nessier debido a expresiones del personal del MPA de San Jorge sobre presuntas conductas de violencia laboral.
La investigación que llevó adelante Corach expuso una trama de denuncias por presuntas estafas a una aseguradora, uso indebido de sistemas judiciales, hostigamiento laboral, amenazas y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
La acusación sostiene que Rodríguez y Barros incurrió en «mal desempeño funcional e institucional grave» y en una «pérdida de idoneidad ética sobreviniente». El expediente describe una sucesión de hechos que exceden una conducta individual y comprometen el funcionamiento institucional del MPA.
La audiencia de este jueves y los testigos citados apuntan a corroborar la investigación del legislador justicialista.
El caso que abrió la investigación a Rodríguez y Barros se originó a partir de una alerta de una compañía aseguradora. Según la acusación, el fiscal denunció falsamente el robo de las ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze para intentar cobrar el seguro, pese a que antes había comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que una cubierta se había roto tras caer en un pozo.
La aseguradora respondió un requisitorio planteado por la Auditoría a cargo de Leandro Mai, nota que está en Acuerdos de Legislatura. Trascendió que la investigación de la propia aseguradora detectó inconsistencias en el relato y rechazó inicialmente el siniestro por considerar «inverosímil» la mecánica denunciada.
La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público remitió las actuaciones al Poder Legislativo por considerar que la gravedad institucional excedía el plano administrativo.
El expediente disciplinario no quedó limitado al caso de las cubiertas. La acusación incorporó otro episodio, la llamada causa «Sarandón», en la que Rodríguez y Barros figuraba como presunta víctima de amenazas. Según la presentación, el fiscal habría ingresado sin autorización al sistema Heimdall y cargado personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro funcionario judicial, el fiscal Carlos Zoppegni.
En ese escrito, el propio Rodríguez y Barros pidió una condena de tres años de prisión condicional para el acusado y una reparación económica de 200 mil pesos a su favor. Además, según la acusación, utilizó el sistema para acceder sin autorización judicial a antecedentes penales, domicilios y datos de vehículos del denunciado. El expediente sostiene que actuó «como acusador público en un caso donde tenía interés particular», afectando el principio de objetividad que rige la función fiscal.
Los testimonios incorporados al expediente describen un clima laboral «hostil», atravesado por maltratos, intimidaciones y comentarios de connotación sexual.