La arteterapeuta y militante feminista reflexionó sobre el proyecto de ley que busca aumentar penas por falso testimonio en casos de violencia de género y abuso sexual, el proceso judicial que enfrentan las denunciantes y el impacto del desmantelamiento de políticas públicas.
La presentación de un proyecto de ley por parte de la senadora Carolina Losada, que propone aumentar las penas para el delito de falso testimonio en casos de violencia de género o de abuso sexual contra las infancias, puso el foco en las denominadas «falsas denuncias». Según un relevamiento de 2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufrían violencia realizaban la denuncia. En tanto, Unicef reveló en 2023 que entre el 90% y el 95% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no se denuncian.
Yama Corín, arteterapeuta, militante feminista, integrante del colectivo Mundanas y madre protectora, afirmó que la iniciativa sobre las falsas denuncias «tiene un objetivo más político que jurídico» y busca «instalar en la sociedad un debate misógino, que es la desconfianza hacia las mujeres que denunciamos violencia de género y abuso sexual en las infancias de nuestros hijos o hijas».
Agregó que la iniciativa va en línea con la persecución que sufren las docentes al aplicar la educación sexual integral. «La ESI es la que garantiza la voz de las niñeces que podrían estar sufriendo violencia y eso se intenta silenciar con esta persecución», declaró.
Corín sostuvo: «Se instala la idea de que cualquiera denuncia cualquier cosa o de que el Poder Judicial siempre nos da la razón a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y lo que ocurre es lo opuesto. El Poder Judicial nunca nos dio la razón a las mujeres, ni por ser mujeres, ni por ser madres: todo lo contrario. Siempre tuvo una mirada patriarcal, revictimizante, y con un análisis de la prueba que es igual al de cualquier otro delito».
Las madres protectoras son aquellas que denuncian abuso sexual contra sus hijas o hijos. En ese proceso, ocurren contradenuncias por falso testimonio y por impedimento de contacto de la persona denunciada con el niño o la niña. Corín compartió sus reflexiones a partir de su propia experiencia como denunciante y del acompañamiento que brinda a otras mujeres.
Subrayó: «Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal, que también necesitan acompañamiento, protección, terapia y justicia». Sintetizó: «Necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía».
Consultada sobre qué implica hacer una denuncia, explicó: «Cuando nosotras denunciamos nos encontramos con la necesidad de desarrollar lo que estamos denunciando. Ese desarrollo implica muchísimo dolor con una escucha que nunca es cuidada, que nunca es en un espacio protegido. Esa denuncia después se tiene que ratificar, hay que volver a ir. Luego empiezan una investigación. Esa investigación implica que las pericias son sobre las personas que denunciamos o las víctimas, previo a que se pericie a los denunciados».
«Para sostener ese proceso judicial hay que pagar patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Implica no solo el costo emocional, sino un costo económico. Son muchos años para lograr que esa causa permanezca en investigación sin una absolución por falta de prueba. Lo que conocemos de estadísticas es que, de 1000 casos se denuncian 100 y de 100, se condena a un solo abusador. Las causas circulan alrededor de diez años en promedio», añadió.
En cuanto a las pericias, detalló que la Cámara Gesell es un dispositivo donde niños, niñas o adolescentes menores de 18 años declaran ante un profesional de la psicología, y la entrevista se videograba. «Si ese niño o esa niña justo en esa entrevista no pudo desarrollar lo que es un hecho traumático, pierde su única chance de ser oído». Señaló que «es una Justicia que no se ajusta a los tiempos de las víctimas, sino al propio tiempo de su proceso».
Respecto a lo que ocurre a nivel social cuando se denuncia abuso sexual en las infancias, Corín afirmó: «Se rompe todo. Es la imagen de una piedra que cae en el agua y hace un sinfín de oleajes. Frente a esa revelación tan brutal, ocurre una ruptura en la familia y el entorno laboral, profesional o social. Hay personas que acompañan a las víctimas y otras que defienden al abusador bajo distintos argumentos».
Argumentó que «a veces es imposible creer que una persona que vemos como amable, solidario o buen padre sea capaz de cometer una violación. Comprendo esa negación, no la justifico, porque implica dejar al descuido a las personas que lo necesitan».
Sobre el desmantelamiento de políticas públicas, declaró: «El desmantelamiento es del Estado en su conjunto. Este gobierno fascista busca la deshumanización de quienes creen que son su oposición. Desmantelaron el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Programa Patrocinar, que daba patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de abuso sexual en las infancias».
Finalmente, sobre las respuestas que requieren las madres protectoras, afirmó: «Necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden. Necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía. Eso se construye en espacios de organización donde pueda haber una mirada y una escucha. Necesitamos volver a lugares de encuentro donde sepamos con quién estamos hablando, donde podamos tener emoción frente a lo que a la otra persona le pase y compromiso con lo que decimos».