La Justicia provincial ordenó la demolición controlada de un inmueble en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, que era utilizado como punto de venta de drogas. El derribo se enmarca en la política de inactivación de búnkers narco que acumula 118 demoliciones en toda la provincia.
Un informe técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe describió el avanzado deterioro estructural del inmueble conocido como “La Casona”, ubicado en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. El documento fue incorporado por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue uno de los elementos centrales durante la audiencia de “cese de estado antijurídico” realizada el viernes pasado en tribunales de Santa Fe.
El informe fue elaborado el 11 de mayo por Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, quien se presentó como “el encargado de la demolición de búnkers en la provincia de Santa Fe”. Según el documento, el edificio tiene unos 90 años de antigüedad y una superficie aproximada de 188 metros cuadrados. En su interior posee un salón principal y varias habitaciones distribuidas alrededor de un patio interno, además de un reducido espacio sanitario sin servicios básicos.
“El estado general de este inmueble es de un deterioro profundo, agravado por la rotura de su techo en casi todas las habitaciones”, señala el texto. La descripción advierte que “el ingreso de corriente eléctrica es totalmente precario y fuera de toda norma, lo que constituye un peligro para posibles habitantes o moradores golondrina de este lugar”. También se detectaron “signos evidentes de que este lugar sufrió las consecuencias de un fenómeno ígneo, que provocó la caída de techos y revoques de estas habitaciones”.
El patio del inmueble fue descripto como “un gran mini basural”, con acumulación de residuos, restos de alimentos, ropa, muebles y desperdicios. Según el documento, ese panorama “sugiere que era usado como espacio de clasificación de residuos domiciliarios de casuales moradores”, lo que derivó en “la existencia de nidos de roedores en toda la superficie de la casa”. La conclusión de los especialistas fue que “la inestabilidad y vetustez marcada de toda esta construcción constituye un grave riesgo para posibles habitantes por lo que se recomienda la demolición controlada y un futuro saneamiento del espacio”.
Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar repasó distintas evidencias reunidas en la pesquisa y vinculó el inmueble con actividades de comercialización de estupefacientes. El funcionario sostuvo que en un radio de 200 metros alrededor de “La Casona” se registraron 485 intervenciones policiales entre agosto de 2025 y mayo de 2026, entre ellas disturbios, amenazas, robos y hechos violentos. Ponce de León ratificó en tribunales el contenido de su informe y advirtió que el lugar “es peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes”, debido al desprendimiento de mampostería. Además, sostuvo que “el costo de reconstrucción o remodelación resultaría elevadísimo” por el nivel de deterioro acumulado.
La propietaria del inmueble prestó conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el juez. El derribo fue ordenado por el juez penal Sergio Carraro y se realizará en el transcurso de esta semana, con la presencia de agencias del Estado provincial y municipal y de funcionarios de primera línea.
El caso se inscribe dentro de la política de inactivación de puntos de venta de drogas impulsada por el gobierno provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico. Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya fueron derribados 118 búnkers narco en distintas localidades santafesinas desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad.