La Justicia provincial dispuso la demolición de una vivienda usurpada en calle Zavalla al 1700, señalada como punto de venta de drogas y foco de violencia en la zona.
La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de un inmueble tomado en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, señalado como soporte funcional para la venta de estupefacientes al menudeo y foco de reiterados hechos de violencia y conflictividad urbana.
La medida fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro, a pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del MPA. El edificio, ubicado frente a la estación Mitre, estaba usurpado desde hacía más de diez años y presentaba un grave deterioro estructural.
La resolución fue adoptada en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico”, impulsada por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. La vivienda, conocida como “La Casona”, se encuentra sobre calle Zavalla al 1700, en la esquina con Monseñor Zaspe.
El pedido fue formulado por el fiscal Arturo Haidar, quien estuvo acompañado por el subdirector del área, Diego Vigo, además de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Santa Fe y los herederos del inmueble.
Durante su exposición, Haidar sostuvo que la Fiscalía solicitó “el cese de estado antijurídico de La Casona, mediante su inactivación física, bajo la modalidad de derribo”. El funcionario repasó antecedentes de la investigación y afirmó que del material recolectado “surge que el inmueble ha sido soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo”.
La pesquisa se inició a partir de una llamada anónima al 911 el 13 de marzo pasado, donde una mujer denunció que dos menores vendían drogas para su madre. El 12 de abril, personal de la División Microtráfico realizó tareas de observación y constató un “flujo constante de ingreso y egreso de personas”. Además, filmaciones del domo de videovigilancia mostraron maniobras de comercialización y consumo incluso con presencia de menores.
En el allanamiento del 9 de mayo se secuestraron alrededor de 40 gramos de cocaína, 84 gramos de marihuana, teléfonos celulares y elementos para fraccionamiento. Tres mujeres fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedaron en prisión preventiva.
En la audiencia también se abordó la situación dominial: el inmueble está sometido a un trámite sucesorio y los herederos iniciaron acciones judiciales por la usurpación, que se arrastraba desde hacía más de diez años.
El asesor técnico Claudio Ponce de León advirtió que el edificio resultaba “peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes” debido a desprendimientos de mampostería, y recomendó “la demolición controlada”. La propietaria manifestó su conformidad: “Es una cosa incontrolable, preocupante sobre todo para el barrio”.
El juez Carraro coincidió con los argumentos y ordenó la demolición, disponiendo que las autoridades informen previamente la modalidad y fecha, y que antes del derribo se verifique que no haya personas dentro del predio.