Por amplia mayoría, el Congreso brasileño rechazó el veto del presidente Lula a una ley que reduce las condenas por los hechos del 8 de enero de 2023, lo que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro.
El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.
Por primera vez en varias décadas, el Senado rechazó el miércoles a un candidato del presidente para la Corte Suprema, cuando faltan menos de seis meses para unos comicios en los que Lula buscará su reelección.
La norma aprobada el jueves impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo previsto.
Durante el debate, el senador derechista Sergio Moro afirmó que el veto de Lula era “cruel” y que la reducción era una “cuestión de justicia”, al considerar que el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso condenas “absurdas” a personas “simples”. “Fue un primer paso en dirección al objetivo de promover la justicia integral a los perseguidos del 8 de enero”, dijo el senador Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia en las elecciones de octubre, tras una tensa sesión marcada por gritos, ofensas y chicanas de ambos lados.
Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, planteó que la medida “atenta” contra la Constitución y la democracia, “minimiza” la asonada golpista y permite que esto suceda nuevamente en el futuro.
De acuerdo con la sentencia del STF, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder. Ese intento culminó el 8 de enero de 2023 en el ataque a las sedes del Congreso, el máximo tribunal y la presidencia en Brasilia por parte de miles de seguidores del expresidente, muchos de los cuales también fueron condenados.
Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez lo autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras trata sus problemas de salud. Según la norma previa, Bolsonaro solo podía optar por beneficios procesales en 2033. Con el quiebre del veto, ese plazo puede reducirse.
Lula vetó esa ley en enero pero el Congreso anuló este jueves el veto, por lo que el proyecto será sancionado sin la firma del mandatario. Se trata del segundo golpe político que el Congreso le propina al gobierno esta semana, después de que el miércoles los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo Tribunal Federal, la primera vez en más de un siglo que el nombramiento presidencial de un magistrado no es aprobado.
La elección de Jorge Messias, abogado general del Estado, originó grandes resistencias desde que Lula lo eligió en noviembre pasado, por delante del expresidente del Senado Rodrigo Pacheco, quien también aspiraba al nombramiento y es muy cercano al actual titular de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre. Lula mantiene tensas relaciones con el Legislativo y tardó cinco meses en iniciar los trámites de la votación para dar tiempo a entablar unas largas negociaciones que a la larga resultaron infructuosas.
Las dificultades del gobierno progresista frente a un Parlamento dominado por la derecha se agravaron ante la proximidad de una campaña intensa y de resultado incierto, con dos candidatos que las últimas encuestas ubican en empate técnico.