Una iniciativa que propone un protocolo integral con operativos tácticos y sanciones más severas para las carreras clandestinas suma apoyo político y se acelera su tratamiento en comisiones.
Un proyecto de ordenanza que busca establecer un protocolo de «tolerancia cero» contra las picadas ilegales en Rosario está ganando impulso en el Concejo Municipal. La propuesta, presentada inicialmente por la concejal Samanta Arias, ha recibido aportes de distintos bloques y el respaldo del oficialismo, lo que acelera su análisis en comisión.
El eje de la iniciativa es la creación de un Protocolo Antipicadas que plantea pasar de operativos aislados a una estrategia sistemática. Esto incluiría la intervención coordinada de áreas municipales y herramientas más contundentes para disuadir y sancionar a quienes realicen pruebas de velocidad ilegal y conducción temeraria en la vía pública.
«Queremos terminar con las picadas ilegales en nuestra ciudad. En Rosario, el que crea que puede usar la calle como pista de carreras, tiene que saber que vamos a ser inflexibles», afirmó Arias, impulsora del proyecto.
La iniciativa surge ante reiteradas denuncias vecinales por descontrol vehicular, especialmente en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y la avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto, cerca de La Florida. Según testimonios, durante las madrugadas se registran concentraciones de autos y motos que corren a alta velocidad, generando riesgos y alterando la vida de vecinos y comerciantes.
Entre las medidas propuestas, se establecen operativos tácticos de saturación permanente de la Secretaría de Control y Convivencia durante fines de semana y vísperas de feriados. El despliegue se guiaría por un mapa de calor del delito y las denuncias vecinales al 147. El esquema incluye operativos cerrojo para bloquear vías de escape y secuestrar vehículos en el acto.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la denominada «adecuación técnica obligatoria». En caso de secuestro, los jueces de faltas deberían ordenar el decomiso y destrucción de autopartes no homologadas, como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados, antes de devolver el vehículo. El infractor afrontaría además el costo de ese desmantelamiento.
«El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la seguridad e incluso la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse», argumentó la edil.
Además, la propuesta contempla un aumento considerable de las multas por reincidencia, pudiendo incluso duplicarse, y promueve la inhabilitación judicial definitiva para conducir tras una segunda reincidencia.
Desde el oficialismo local se señaló que actualmente se trabaja con operativos de punto fijo preventivos y con actuaciones coordinadas con el 911 ante denuncias. Los concejales oficialistas que analizan el expediente ven con buenos ojos la posibilidad de fortalecer el marco de acción.