El joven falleció en 2023 mientras era trasladado por la policía durante una crisis de salud mental. Su madre exige que se apliquen las normativas vigentes y que la justicia avance en el caso contra los agentes imputados.
Este 8 de marzo se cumplen tres años de la muerte de Julián Castillo, un joven de 32 años que falleció mientras era trasladado por la Policía de Santa Fe, esposado en la caja de una camioneta, durante una crisis de salud mental. Su familia continúa reclamando justicia y que se respeten los protocolos de actuación policial en estos casos.
La Guía de Actuación para Agentes de la Policía de Santa Fe en el Abordaje de Crisis Subjetivas define la urgencia en salud mental como una situación transitoria que altera las funciones psíquicas y establece que las fuerzas deben intervenir desde el respeto, procurando evitar daños, y llamando a los servicios de emergencia de salud. Según la familia, ninguna de estas pautas se cumplió el día del hecho.
La autopsia, publicada meses después, no determinó una causa concreta de muerte, descartando también una sobredosis en el examen toxicológico. Cecilia Santamaría, madre de Julián, sostiene que la intervención policial exacerbó la crisis que sufría su hijo. «Los uniformados persiguiéndolo profundizaron de manera tremenda la crisis», declaró.
Los agentes Exequiel López, Cristian Pighin y Jesús Nicolás Bonet, de la Policía de Acción Táctica, junto al médico policial Salvador Biscari, están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la causa judicial avanza lentamente. «Si no aparece la perspectiva de derechos humanos en la investigación, la causa puede ser cajoneada en cualquier momento», afirmó Santamaría.
La familia de Julián, quien estudiaba Sociología y militaba en el colectivo El Cuco del barrio Cabal, vincula su muerte a un contexto más amplio de precarización laboral, mercantilización de la salud y criminalización de las adicciones. Castillo trabajaba de manera precaria en el espacio cultural El Molino, luego de haber sido promotor cultural en el Ministerio de Cultura provincial.
Su madre considera que el caso es paradigmático y podría sentar un precedente para que la justicia incorpore nuevas perspectivas al analizar la violencia en intervenciones policiales con personas en crisis subjetivas.