Un proyecto de modificación de la normativa que protege los glaciares, ya con media sanción del Senado, genera opiniones encontradas. Mientras algunos legisladores aseguran que es aclaratoria, desde el ambientalismo advierten sobre impactos económicos, fiscales y ambientales que podrían alcanzar a todo el país, incluyendo a Santa Fe.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado y será tratado en la Cámara de Diputados, continúa en el centro del debate nacional. Distintas voces analizan las implicancias de la iniciativa.
El diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), afirmó que el proyecto busca ser «aclaratorio» y que «la protección de los glaciares se mantiene intacta». Mayoraz preside la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
En contraposición, referentes del ambientalismo y legisladores opositores sostienen que la modificación propuesta tendría consecuencias que exceden a las provincias cordilleranas. Mirko Moskat, del Taller Ecologista, señaló en declaraciones a La Capital cuatro puntos críticos: la erosión de la normativa ambiental, impactos económicos y fiscales por futuras emergencias hídricas, la afectación de la confianza institucional y el debilitamiento de la posición argentina ante organismos internacionales.
Moskat argumentó que «Santa Fe no quedará ajena a las crisis que ocurran por la destrucción de glaciares, ya sea por el impacto económico que inevitablemente se traslade como por el costo fiscal de tener que atender estas crisis». Además, se preguntó sobre el posible efecto en los precios de productos provenientes de regiones cordilleranas en un escenario de crisis hídrica.
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) publicó una carta abierta pidiendo no acompañar la reforma. «Los glaciares no son un recurso local. Son parte de sistemas hídricos complejos que atraviesan jurisdicciones», expresó, y enumeró que provincias como Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa o Buenos Aires dependen de cuencas que se alimentan del agua de los glaciares.
El debate plantea así una discusión sobre el alcance nacional de una normativa ambiental y sus posibles efectos transversales en diversas regiones del país.