La Fiscal General de la Provincia expuso en la Legislatura y planteó la necesidad de analizar medidas, como la prohibición del acceso a menores de 16 años, para prevenir hechos de violencia.
La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su informe de gestión ante la Legislatura provincial. En su exposición, vinculada al contexto de hechos de violencia juvenil, propuso abrir el debate sobre la regulación o prohibición del acceso a redes sociales para menores de edad como una herramienta preventiva.
«He comenzado este informe entendiendo el contexto de violencia extrema, adolescente y juvenil que atravesamos como sociedad», expresó Vranicich en diálogo con la prensa, haciendo referencia a casos recientes ocurridos en la provincia.
La funcionaria reveló detalles de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), realizadas con colaboración de expertos federales. Mencionó el hallazgo de comunidades digitales donde jóvenes exteriorizan «niveles de odio alarmantes». «Hay un mundo digital que es físico y real. Los chicos usan aplicaciones que los adultos ni conocemos», señaló, citando ejemplos como Roblox, TikTok o Instagram, además de canales de comunicación específicos.
Vranicich se refirió a medidas implementadas en otros países, como Australia y Francia, que limitan el acceso de menores a ciertas plataformas. «No digo que haya que tomar la medida mañana, pero sí pongo en la mesa que los poderes del Estado analicen algo global: el acceso a las redes es mucho más profundo que el debate de si el chico lleva o no el celular a la escuela», advirtió.
Respecto a un reciente homicidio doloso cometido por un joven, la Fiscal aseguró que el caso está «dilucidado» en términos de autoría, pero subrayó que «lo subyacente es lo que debe preocupar a toda la comunidad».
El informe de gestión, que supera las 250 páginas, refleja el trabajo del MPA durante 2025. Vranicich destacó la colaboración con el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal para abordar delitos complejos con raíz tecnológica. «Estamos viendo una metodología que antes no conocíamos. Es un desafío para el sistema judicial, pero también para padres, madres y funcionarios», concluyó.