Dos presentaciones penales fueron radicadas en Comodoro Py contra exfuncionarios y beneficiarios de préstamos. El oficialismo asegura que todas las operaciones fueron regulares y que se presentará un descargo formal.
El caso de los créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina sumó este lunes dos denuncias penales, que quedaron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py. Por sorteo, una de las causas fue asignada al juzgado de Daniel Rafecas y la otra al de María Eugenia Capuchetti, lo que abre un nuevo frente judicial sobre un tema que ya generó debates políticos.
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual contra Daniel Tillard, extitular del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente del BCRA, por presuntos delitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. Minutos después, ingresó una segunda presentación de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) y el legislador Esteban Paulón (socialista), que incluye una lista más amplia de beneficiarios, entre ellos funcionarios y diputados.
Frente a las acusaciones, el Gobierno nacional salió a respaldar la legalidad de los préstamos. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, insistieron en que las condiciones crediticias fueron las mismas para todos los clientes que cumplieran los requisitos, negando la existencia de privilegios o el uso de fondos de contribuyentes. Según informaron, el Banco Nación presentará este martes un descargo formal ante la Justicia, con los detalles de cada operación.
Los denunciantes, en cambio, cuestionan que los montos de los créditos no se condicen con los ingresos declarados por los beneficiarios, lo que abre una línea de investigación sobre su capacidad financiera. Entre los nombres mencionados figuran Federico Furiase, Pedro Inchauspe y el diputado Mariano Campero, entre otros.
El caso ya tuvo una consecuencia política: Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, fue desplazado de su cargo tras conocerse que accedió a uno de estos préstamos. Si bien el Gobierno intentó desvincular su salida del escándalo, la ministra Sandra Pettovello generó malestar en algunos sectores con su decisión.
En medio de la polémica, desde el oficialismo se diferenció el caso de la funcionaria Gabriela Real, cuyo crédito fue otorgado durante la gestión de Mauricio Macri. El equipo de auditoría del banco, liderado por Darío Wasserman, revisa cada uno de los casos revelados.