El debate parlamentario por la modificación de la Ley de Glaciares se encuentra en un punto crítico, marcado por fuertes acusaciones de la oposición hacia el oficialismo. La diputada nacional Caren Tepp (Unión por la Patria) lidera las críticas, asegurando que el proceso de consulta pública ha sido un «simulacro» que excluyó a la inmensa mayoría de los ciudadanos que buscaron participar.
Una participación cuestionada
Según los datos aportados por la legisladora, más de 110.000 personas de todas las provincias se inscribieron para exponer en las audiencias públicas, una instancia obligatoria prevista por la Ley General de Ambiente. Sin embargo, solo entre 350 y 400 fueron finalmente seleccionadas para hablar, lo que representa menos del 0,4% del total. «Estamos ante una farsa de participación», afirmó Tepp, quien junto a otros bloques impugnó formalmente el procedimiento. La oposición sostiene que el 99% de los oradores denunció estas irregularidades durante las audiencias.
El núcleo del conflicto: ciencia vs. política
Más allá del método, el eje de la discusión se centra en el cambio sustancial que, según la oposición, propone la reforma. Tepp, integrante de la Comisión de Recursos Naturales, explicó que la ley vigente otorga la protección de glaciares y áreas periglaciares con base en criterios científicos, a cargo de un instituto nacional especializado. «Se protege ese 1% del territorio cordillerano porque es la principal fuente de agua dulce de Argentina», señaló.
El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, en cambio, transferiría esa potestad a decisiones políticas discrecionales. «Lo que se intenta es que cualquier funcionario provincial de tercera línea, con su mera firma, pueda habilitar que un área ya no sea protegida y pueda tener explotación megaminera», advirtió la diputada, insistiendo en que detrás de la iniciativa hay «intereses con nombre y apellido».
Una propuesta alternativa: la consulta popular
Ante este escenario, Tepp y otros legisladores impulsan un mecanismo inédito: una consulta popular. Argumentan que el masivo interés demostrado en las audiencias justifica que la ciudadanía decida directamente sobre un tema tan trascendental como la protección del agua. «Esto tiene que ser un debate de toda la ciudadanía, no solo de los diputados que ocupamos el cargo coyunturalmente», manifestó.
En este punto, la legisladora apeló a las promesas de campaña del presidente Javier Milei sobre que «el pueblo» tome las decisiones importantes. «Si cree en eso, qué mejor debate que definir qué hacemos con nuestros recursos naturales y con el agua, que es fuente de vida», desafió.
El camino legislativo por delante
Con las audiencias públicas finalizadas, el oficialismo planea avanzar con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para debatir el dictamen. Incluso se evalúa una reunión informativa con gobernadores antes de la firma del proyecto.
Sin embargo, la oposición recuerda que el oficialismo, siendo la primera minoría, no cuenta por sí solo con los votos necesarios ni para alcanzar el quórum ni para aprobar la ley. «Va a necesitar sí o sí de fuerzas y partidos aliados», afirmó Tepp, poniendo el foco en el accionar de las bancadas que suelen acompañar al gobierno, cuyo voto será determinante en las próximas semanas.