El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la imputación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el delito de enriquecimiento ilícito, lo que derivó en el inicio de una investigación sobre su patrimonio. La causa, que por el momento se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo, se fundamenta en una serie de denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano.
Los fundamentos de la investigación
El delito de enriquecimiento ilícito tiene como objetivo penalizar actos de corrupción en la función pública. Se configura cuando un funcionario no puede justificar el origen de un incremento patrimonial significativo, ocurrido desde que asumió el cargo y hasta dos años después de haberlo dejado. La presentación del fiscal Pollicita ante el juez Lijo argumenta la existencia de elementos suficientes para profundizar la pesquisa.
Las denuncias que originaron la causa
Las presentaciones de la diputada Pagano, ex integrante del bloque oficialista La Libertad Avanza, abarcan varios aspectos. La primera denuncia se refiere al presunto uso indebido de bienes del Estado durante la gestión de Adorni en el ministerio de Cultura, entre 2017 y 2018.
Una segunda línea de investigación busca determinar cómo solventó el funcionario un viaje a Punta del Este durante la temporada alta del último verano. Finalmente, una tercera denuncia está dirigida hacia la pareja de Adorni, Bettina Angeletti, para investigar con qué fondos montó una consultora durante el año 2024.
Detalles sobre la consultora
Según los argumentos expuestos en la denuncia, la consultora creada por Angeletti contaría con apenas tres clientes, todos ellos vinculados a empresas estatales. Uno de estos clientes sería el Grupo Foster, cuya apoderada estaría compitiendo en la licitación de Tecnópolis, según informó la fuente parlamentaria.
Contexto y declaraciones
En medio de estas investigaciones, el propio Adorni, quien anteriormente se desempeñó como vocero presidencial, reconoció públicamente este miércoles que reside en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según la información disponible, la adquisición de este inmueble se habría concretado en el año 2025.
La causa judicial avanza ahora en el fuero federal, donde se deberán recabar pruebas y declaraciones para determinar si existe sustento para las acusaciones de enriquecimiento ilícito presentadas contra el alto funcionario del gobierno nacional.