La percepción negativa sobre la situación del país subió al 40% en febrero de 2026, mientras que la evaluación positiva cayó al 19%, según estudio privado.
Los indicadores señalan que la pobreza es el principal problema para el 27% de los ciudadanos, seguida por la falta de trabajo con un 19%.
En el último año, el 74% de los encuestados manifestó que debió recortar gastos para llegar a fin de mes y el 51% afirmó no tener capacidad de ahorro.
El deterioro del consumo y el encarecimiento de los servicios públicos han desplazado la preocupación ciudadana desde las metas fiscales hacia la economía diaria.
El 32% de los argentinos asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.
Además, el 54% de la población considera que el gobierno no está logrando controlar la inflación, a pesar del discurso oficial.
Los datos corresponden al informe QMonitor de la consultora QSocial, elaborado sobre la base de 1.645 casos.
El estudio sostiene que el panorama actual marca un punto de inflexión donde ocurre un «desplazamiento de la atención desde las metas de equilibrio fiscal hacia los efectos tangibles del ajuste en la economía real».
Según el reporte, el ajuste se ha convertido en un concepto en disputa entre la «necesidad de orden económico y el temor al abandono social».
El mercado laboral muestra señales de crisis con la pérdida de 242.000 puestos de trabajo registrados en el último cuatrimestre.
El cierre de empresas industriales emblemáticas, como la fábrica de neumáticos FATE, es percibido por la sociedad como una consecuencia de la apertura de importaciones y la caída de la demanda interna.
Esta situación genera un clima de resistencia donde la opinión pública vincula la reforma laboral con una «salida barata para las empresas en crisis» en lugar de una generación de empleo.
En el ecosistema digital, el sentimiento dominante es de enojo e indignación. Ante el debate por la reforma laboral, el 39% de las interacciones en redes sociales expresan estas emociones negativas.
En las discusiones sobre el aumento de precios y la apertura importadora, la indignación sube al 51%, asociada a una percepción de «desigualdad o desconexión social» por parte de las autoridades.
El informe concluye que existe un riesgo creciente sobre el «límite de la paz social» si el ajuste continúa erosionando el empleo y el poder adquisitivo.