La reforma laboral es ley y la Casa Rosada planea publicar la normativa en la primera semana de marzo incluyendo precisiones que permitan reducir el margen de litigiosidad en función de la promesa de sectores sindicales y de la oposición de avanzar con demandas contra la polémica medida. Un frente judicial que, para abogados laboralistas y constitucionalistas, ya se recorta en el horizonte.
En tiempo de descuento, los abogados de la CGT preparan un planteo contra la reforma ante la Justicia. Restaba definir si la presentación recaerá en el fuero Laboral o el Contencioso Administrativo.
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HISTÓRICO.
Tenemos modernización laboral.
VLLC!— Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026
A diferencia del amparo cegetista contra el capítulo laboral del DNU 70 presentado a fines de 2023 (la Justicia hizo lugar parcialmente a ese recurso), el detonante del nuevo planteo es una ley sancionada por ambas Cámaras del Congreso y no un decreto de necesidad y urgencia.
Por eso, la central obrera deberá argumentar con contundencia las razones por las cuales diversos artículos de la reforma laboral son inconstitucionales, pero terminaron cosechando aval parlamentario.
Reforma y litigiosidad
Al posar la lupa sobre la normativa sancionada el viernes pasado por el Senado nacional, el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou advirtió a La Capital acerca de la configuración de un escenario con mayor litigiosidad, además de otros efectos como la pérdida de poder sindical y el declive de garantías históricas.
“Al principio no se notará tanto en cuanto a la litigiosidad, pero en los próximos meses irá en aumento”, aseveró el letrado respecto de una situación que también redundará en “mayor incertidumbre y planteos dispersos”.
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Para Serrano Alou, la reforma laboral busca “achatar” las garantías de quienes están registrados y potencia el agravamiento de la situación de quienes ya se encuentran en condiciones informales.
El experto también objetó la modificación del artículo 68 de la ley de contrato de trabajo, destacando que ese punto alude al “respeto a la dignidad” de los asalariados, y sentenció: “La reforma apunta a un cambio cultural muy profundo que potenciará los reclamos judiciales”.
Debate político y constitucional
A su turno, el constitucionalista Oscar Blando indicó a este diario que la Argentina enfrenta “un intento de desmantelar las bases protectoras y de vaciar de contenido la ley de contrato de trabajo”.
“No es un debate técnico sino profundamente político y constitucional”, continuó el abogado. Luego resaltó que, más allá del objetivo planteado por los mentores de la norma, posteriormente refrendado por los votos del Congreso, “habrá un aumento desmedido de la litigiosidad”.
En esa línea, Blando vaticinó la apertura en tribunales de “un nuevo debate sobre esta regresión de derechos, instancia que creará una gran conflictividad social, laboral, judicial y constitucional”.
“Modernizar supone pensar nuevos derechos y mejorar los existentes, pero esta reforma viene a contramano de lo conseguido en los últimos 80 años en beneficio de los trabajadores”, sentenció.
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A fines de 2025, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, había advertido sobre el riesgo de que la reforma laboral del gobierno de Javier Milei quede envuelta en una judicialización prolongada.
Al respecto, el magistrado explicó que el actual esquema de control constitucional permite que una ley quede frenada en distintos juzgados hasta que el máximo tribunal establezca un criterio definitivo.
El oficialismo se prepara
En la Casa Rosada están convencidos de que la judicialización de la reforma laboral es ineludible, motivo por el cual afirman que su reglamentación deberá ordenar la fase de transición y la vigencia y el alcance de la norma, entre otros artículos clave.
Por lo pronto, también afinan su estrategia judicial, dando por descontado que el proceso terminará por resolverse en la Corte.