Luego de horas de tensión y protestas, todo indicaba que se restablecería el canal de diálogo entre el gobierno de Santa Fe y los sectores de la policía que vienen reclamando una recomposición de salario real y mejores condiciones laborales. Así, estaba prevista para este martes, a las 18.30, una reunión entre autoridades provinciales y el abogado Gabriel Sarla, representante de los efectivos que impulsan el reclamo, en la sede de Gobierno en Rosario en un intento por destrabar el conflicto que se mantiene abierto desde hace varios días, con epicentro en la ciudad y repercusiones en la capital provincial.
En rigor, la reunión estaba prevista para las 15 de este martes. Pero las gestiones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, -entre ellas con el propio Maximiliano Pullaron- hicieron que se dilate. Desde el gobierno provincial, explicaron a este medio que el cónclave está pautado para las 18.30, sin embargo surgieron rispideces de último momento.
El regreso cerca de las 17 horas de Sarla a la esquina de Ovidio Lagos y Lamadrid, donde los policías autoconvocados se reúnen, alteraron la zona y algunos móviles volvieron a cortar el tránsito en señal de protesta, tal como sucedió esta mañana. «Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro», contó el abogado a los medios presentes y agregó: «No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro porque estaba ocupado reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta».
«Si se comunican habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente», sumó el letrado, que aclaró que él «no negocia», sino que «traslada las propuestas y son los policías los que deciden».
Fuentes del Ministerio de Seguridad consultadas por La Capital, respondieron con contundencia a los dichos de Sarla: «A las 18.30 es la reunión. Había quedado que venía«.
El encuentro, que fue anunciado al mediodía, ahora entra en una nebulosa porque las declaraciones del abogado no cayeron de la mejor forma entre las autoridades, que desconocieron el origen de las afirmaciones del represente policial. Aunque la reunión no está caída, esta antesala suma tensión entre las partes.
Se profundiza el conflicto policial
Este martes se profundizó en Rosario la protesta de agentes de la Policía de Santa Fe, que, aunque no llegó a concretarse un acuartelamiento, planteó un corte de crédito laboral y utilizó móviles para expresar su reclamo.
El gobierno de Santa Fe respondió con una conferencia de prensa donde expuso su postura: “Estas acciones ilícitas y violencia entendemos que quieren golpear la política de seguridad exitosa, le guste a quien le guste. Esta es la política que, junto al gobierno nacional, está bajando el delito y la violencia. Acá trazamos la raya”.
Sin embargo, se espera que durante esta tarde se encuentren las partes para acercar posiciones. En un principio, el encuentro estaba estipulado para las 15, pero se demoró el comienzo. “Hay otras reuniones previamente”, aseguró una fuente del Ministerio de Seguridad a La Capital.
Anuncios para destrabar el conflicto policial
El gobierno provincial cerró la semana pasada haciendo una batería de anuncios para grupos de la Policía de Santa Fe, pero estos beneficios, que incluían plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, no fue interpretado como una recomposición de salario real.
Como respuesta, este lunes por la noche un grupo de policías, familiares y allegados se convocaron a la puerta de la Unidad Regional II de Rosario, en avenida Ovidio Lagos y Lamadrid. Lo que parecía una movilización ruidosa, terminó con manifestantes enfrentados a otros policías, que intentaban desactivar la protesta. La reacción de los uniformados, a pedido de las autoridades, llevó a una masiva convocatoria que reunió a cerca de 50 móviles y decenas de motocicletas cortando el tránsito.
El gobierno respondió con una conferencia de prensa de Pablo Cococcioni, titular de la cartera de Seguridad, que apuntó a “sectores desplazados de la Policía de Santa Fe” como los instigadores de estas protestas.
Luego sostuvo que sobre un reclamo legítimo paulatinamente el lunes por la noche “se fueron montando determinados grupos a partir de intereses particulares y sectores empezaron a sumar acciones violentas antijurídicas”.
Origen del malestar policial
Las protestas de sectores de la Policía de Santa Fe frente a la Jefatura de la Unidad Regional II tienen su origen en una combinación de reclamos salariales, condiciones laborales y demandas vinculadas a la salud mental del personal. Todo se acentuó luego de la muerte de Oscar Valdez, suboficial de 32 años, conocido como “Chimi”, quien atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica.
El abogado Gabriel Sarla, quien representa a un grupo de efectivos que inició las protestas, afirmó que el malestar se profundizó tras el anuncio de mejoras laborales por parte del Ejecutivo provincial, que no fueron interpretadas como una recomposición salarial real.
Uno de los principales puntos de conflicto es la política salarial. Según Sarla, el gobierno no otorgó un aumento de sueldo, sino un “plus no remunerativo” que alcanza sólo a una parte del personal. “No es lo que se está pidiendo. Se reclama un incremento salarial para la totalidad de la policía y no para unos pocos”, sostuvo el letrado, y remarcó que ese tipo de sumas no impacta en el salario básico, ni en adicionales, ni en jubilaciones.
Más allá del salario, los policías que participan de la protesta señalan condiciones laborales que, aseguran, se volvieron insostenibles. Entre los puntos mencionados aparecen las largas jornadas, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.
La respuesta del gobierno de Santa Fe
El gobierno de Santa Fe denunció que sectores policiales marginales y desplazados quisieron desestabilizar el plan de seguridad con el reclamo que volvieron a montar frente a la Jefatura de Rosario.
Entre esas acciones describió que fueron paralizados móviles frente a la Jefatura y algunos de esos efectivos cometieron abandono de servicio. Es decir, pisaron el umbral del delito.
“Utilizar a la institución y sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no dejaremos pasar ni consentir”, avisó el ministro de Seguridad en conferencia de prensa.
Frente a este comportamiento, Cococcioni avisó que el jefe de la Policía labró al menos 20 sanciones administrativas sobre funcionarios policiales que están pasando a disponibilidad y le quitaron el arma.
A su vez dijo que en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigarán “posibles ilícitos penales de funcionarios policiales y de estos grupos marginados y desplazados de la policía que claramente no se resignan que perdieron la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”.
«Es una fuerza de seguridad, no es un club o asociación de amigos, es una fuerza de seguridad y se espera disciplina interna porque la gente le confía un arma, un chaleco, un patrullero y un uniforme para que vaya a defender el imperio de la ley y no socavarlo», finalizó.
Investigación penal
Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de los hechos ocurridos en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
La actuación judicial se puso en marcha luego de que la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción recibiera un informe del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en el que se consignan presuntas irregularidades durante una protesta protagonizada por efectivos policiales frente a la sede de la Unidad Regional II.
Según surge de las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado no habría cumplido con el servicio al que estaba asignado, lo que abrió la puerta a la intervención penal, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.
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La investigación estará a cargo de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Además, el MPA aclaró que analizará específicamente aquellos casos en los que la conducta del personal policial haya comprometido la seguridad pública.
“Particularmente, se evaluará si se produjo algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron desde el organismo judicial, dejando abierta la posibilidad de ampliar responsabilidades si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.